corte suprema
La historia del error de la Corte Suprema que se convirtió en pieza clave para condenar a Álvaro Uribe: por qué "chuzaron" el teléfono del expresidente
La defensa del expresidente Álvaro Uribe insistió que las interceptaciones de la Corte Suprema no debieron ser consideradas como pruebas en el juicio contra el exmandatario colombiano
El kirchnerismo perderá bancas en el Senado, pero mantendrá su poder de veto para la Corte Suprema
El kirchnerismo se dispone a enfrentar al peor recambio en el Senado del último cuarto de siglo, en unas elecciones de medio término en las que podría perder hasta ocho de las 14 bancas que pondrá en juego en octubre próximo en las provincias que renuevan su dotación en la Cámara alta.Sin embargo, no todas son malas noticias para el kirchnerismo, ya que si bien caerá de los actuales 34 senadores a tan sólo 26, seguirá manteniendo más de un tercio del total de miembros de la Cámara alta.El dato es clave, ya que con esa cifra el kirchnerismo tendrá la llave para vetar cualquier designación que requiera del apoyo de los dos tercios de los presentes en el recinto. Es el caso de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene dos de sus cinco poltronas vacías.En otras palabras, si el Gobierno quiere completar el máximo tribunal tendrá que sentarse a negociar con la bancada que hoy preside José Mayans (Formosa) y en la que todavía Cristina Kirchner, al menos en lo que respecta a su conducción, tiene un fuerte predicamento. Ya lo sufrió la administración de Javier Milei con el rechazo de las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por no encontrar un punto de acuerdo con Unión por la Patria.El maremoto que anticipan las primeras encuestas encuentra lógica si se tiene en cuenta que Unión por la Patria pondrá en juego los escaños obtenidos en la elección de 2019, en la que los candidatos legislativos fueron impulsados por la locomotora de la boleta presidencial que llevó a Alberto Fernández a la presidencia con Cristina Kirchner como compañera de fórmula.En esta elección renuevan sus representantes en el Senado la Capital Federal, Salta, Neuquén, Chaco, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro y Santiago del Estero.Los primeros pronósticos electorales son poco alentadores para el kirchnerismo. En tan sólo dos distritos (Capital y Entre Ríos) saldría hecho, reteniendo el escaño que pone en juego. En el resto de las provincias perdería escaños.Las provincias que aparecen más complicadas son Neuquén y Salta. En ambas, Unión por la Patria podría perder dos bancas y se quedaría sin representantes en el Senado. La sangría de bancas también se registraría en Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.Menos purosMás allá de la caída general en el número de bancas, el principal impacto lo sentirá Cristina Kirchner, que en este recambio puede perder a muchos de sus seguidores incondicionales, que fueron vitales en los últimos cinco años a la hora de inclinar la balanza en el bloque peronista del Senado a favor de la estrategia de la expresidenta, hoy cumpliendo condena por casos de corrupción.Es el caso de Neuquén, en donde las encuestas prevén que el PJ caerá el tercer lugar, detrás de la Libertad Avanza y La Neuquinidad, la fuerza provincial que lidera el gobernador Rolando Figueroa.Si este pronóstico se cumple, dejarán la Cámara alta Oscar Parrilli, que desde hace más de una década es una de las personas más cercanas a la expresidenta, y Silvia Sapag, una auténtica cruzada del kirchnerismo.Un caso similar se registraría en Salta. Sergio Leavy y Nora Giménez son dos incondicionales de Cristina Kirchner, siempre dispuestos a seguir sus órdenes. Las posibilidades de que puedan aspirar a la reelección es casi nula, ya que los aires en el peronismo de la provincia norteña han cambiado.También asidua visitante del Instituto Patria como Parrilli, la chaqueña María Pilatti tampoco aparece entre los nombres con chances de aspirar a una banca por el peronismo de Chaco, donde todo indica que el exgobernador Jorge Milton Capitanich encabezará la nómina para el Senado. En este caso, el PJ figura segundo en las encuestas, detrás de la alianza que cerró la UCR gobernante con los libertarios, por lo que perdería una de las dos bancas que pone en juego.Tampoco parece tener chances de seguir por seis años más el rionegrino Martín Doñate. Miembro de La Cámpora, el senador fue uno de los alfiles de Cristina Kirchner en su fallido intento por desplazar, sobre todo en el año de la pandemia, a Eduardo Casal del cargo de procurador adjunto. Otra provincia en la que el kirchnerismo perdería un escaño es Santiago del Estero, en donde el gobernador Gerardo Zamora logró, mediante un artilugio electoral de dividir sus votos en dos listas, quedarse con los tres representantes de la provincia. Las encuestas muestran que en este turno el PJ, que funciona como satélite del Frente Cívico que lidera el mandatario provincial, caería al tercer lugar y perdería el escaño que hoy detenta el dirigente sindical de UPCN Gerardo Montenegro.Por último, está el caso de Tierra del Fuego. El kirchnerismo deberá renovar dos escaños en una elección que los sondeos aseguran que ganarían los libertarios, relegando al PJ al segundo lugar.
La Corte Suprema deberá resolver reclamos millonarios de casi todas las provincias contra la Nación
La cifra asciende a cerca de dos billones de pesos más intereses. Son demandas contra el Gobierno nacional actual y gestiones anteriores por deudas previsionales, recortes de fondos y disputas sobre recursos
Caddies de golf. Para la Corte Suprema son trabajadores autónomos, una sentencia que aliviaría a clubes centenarios
La Corte Suprema de Justicia dejó firme una sentencia que rechazó la demanda de un caddie para reclamar por una relación laboral al club de golf en donde se desempeñaba. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que consideraron la demanda inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.Se trata de la demanda de Lucas Javier Larrosa contra la Fundación Club Hindú. Había solicitado al club la registración de su relación laboral, alegando que mediaba entre ellos un contrato de trabajo. La entidad negó el vínculo y subrayó que se trataba de un trabajador autónomo porque había prestado servicios a favor de varios jugadores y socios y no para la demandada.El caddie se dio por despedido y fue a tribunales. Se desempeñaba como caddie de golf para los socios de la entidad demandada. Sostuvo, en el inicio del proceso, que comenzó a trabajar para el Club Hindú el 2 de marzo 2004 y que lo hacía los sábados, domingos y feriados, de 7 a 18. Señaló, además, que al llegar el personal de seguridad lo registraba en una planilla y que el master caddie era el encargado de asignar las salidas. Agregó que esa persona le indicaba a los caddies recorrer la cancha para cubrir pozos y limpiar la basura que se produce por la cantidad de jugadores. También indicó que debía limpiar los baños asignados y la casilla de caddies. Añadió que el master caddie era el que asignaba los caddies a los jugadores y que eran estos los que pagaban por el cumplimiento de su labor.Tanto en primera como en segunda instancia se rechazó la acción, remarcando que los servicios de los caddies son usufructuados por los propios jugadores y no por la institución demandada. En esos fundamentos, la sentencia aseguró que la demandada solo sugería una tarifa para evitar conflicto entre los asistentes, pero era el jugador de golf quien abonaba ese trabajo.Pruebas decisoriasAdemás, según la prueba, los caddies no tenían obligación de asistir al club ni los jugadores de contratar a la misma persona. De hecho, un jugador podía asistir con su caddie, sostuvo la justicia laboral entre otros argumentos. También se sostuvo que los testimonios con los que el caddie procuró respaldar su versión, acerca de la relación de trabajo con la entidad demandada, eran "ineficaces a los fines probatorios y hasta contradictorios con su propio relato, como así también imprecisos, por no haber dado adecuada razón de sus dichos"."Todos estos extremos me llevan a concluir que el Club no interviene ni directa ni indirectamente en la actividad que cumple el caddie para el jugador y éste es el único que, en su calidad de asociado o invitado, solicita el uso de las instalaciones de la entidad deportiva. No cabe ninguna duda que el caddie actúa autónomamente, y que el Club es un simple intermediario entre este y el jugador que utiliza sus servicios, facilitando sus instalaciones (como en tantas otras actividades) y el hecho de que sus servicios los realice en el campo de golf, no tipifica los elementos característicos del contrato de trabajo, establecidos en el artículo 21 de la L.C.T. En estas condiciones, no es operativo el artículo 23 L.C.T., ya que, reitero, la prestación de servicios fue en favor de los jugadores y no del club", argumentó en su voto uno de los camaristas.La defensa llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia, pero el recurso fue desestimado.Otras demandasEste fallo de la Corte Suprema recuerda el grave conflicto que atraviesan por demandas iniciadas por caddies otras entidades como el Jockey Club, el Olivos Golf Club, el Pacheco Golf, el Córdoba Golf Club, el San Isidro Golf Club y el Argentino Golf Club, entre cientas.Muchos tienen sus bienes embargados y se ven obligados a aplicar cuotas extraordinarias, que en algunos casos superan los 1000 dólares por socio, para evitar la quiebra. Los que se encuentran en situaciones más complicadas ya han comenzado incluso a vender propiedades o parte de sus terrenos.La amenaza de derrumbe proviene del enemigo más inesperado: sus antiguos caddies de golf. Asesorados por un par de estudios de abogados, los caddies, que durante décadas cargaron la bolsa y asesoraron a los socios en sus recorridos por el campo de golf a cambio de una propina, iniciaron juicios laborales por relación de dependencia encubierta contra los clubes. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya falló en cientos de casos a favor de ellos. Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias -algunas alcanzan los 800 millones de pesos- que muchos clubes no pueden afrontar.El fallo de la Corte Suprema podría significar una nueva luz para las entidades que lleguen a la última instancia judicial en su reclamo para definir responsabilidades. El caso de Larrosa contra el Club Hindú puede ser el anticipo del fin de una batalla judicial que lleva ya tiempo. Aunque no sienta jurisprudencia automática, la decisión de la Corte permite entrever que los casos que lleguen a esa instancia tendrían, a partir del expediente de Larrosa, la misma definición: un caddie es un trabajador autónomo.
Corte Suprema tomó polémica decisión sobre políticos y congresistas vinculados al escándalo de corrupción en la Ungrd
Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz seguirán el proceso en libertad mientras avanza la investigación por la supuesta red de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
Brasil: la Corte Suprema descartó la prisión preventiva para Jair Bolsonaro
El juez De Moraes consideró un posteo del hijo del exmandatario como una "irregularidad aislada". En cambio, advirtió la pena en caso de "un nuevo incumplimiento".
La justicia de Santa Cruz desafío a la Corte Suprema e incluyó a Cristina Kirchner en el padrón electoral
La justicia federal de Santa Cruz desafió el fallo de la Corte Suprema de la Nación que inhabilitó a Cristina Kirchner y declaró inconstitucional la prohibición de votar a los condenados, con lo que la mantuvo dentro del padrón electoral para las elecciones nacionales del 26 de octubre próximo. Eso quiere decir que supuestamente podría votar.La decisión es simbólica y una reivindicación política porque Cristina Kirchner está presa en su casa cumpliendo una condena de 6 años de prisión por lo que, aunque quiera, no podría trasladarse a Santa Cruz para votar.Es conocida la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral y de la Corte Suprema de Justicia que entiende que es inconstitucional la norma que impide a los condenados votar, pero esa prohibición no es genérica, sino que excluye los delitos por ejemplo contra la administración pública y los casos de corrupción, según los propios camaristas que acuñaron esa doctrina.La decisión de mantener a Cristina Kirchner en el padrón electoral fue de la jueza federal subrogante de Río Gallegos Mariel Borruto, y fue firmada el 18 de julio pasado, último día antes de la feria judicial.Borruto firmó en lugar del juez federal de Río Gallegos Claudio Vázquez, que pidió cuatro días de licencia, cuando llegó la notificación de la Cámara Nacional Electoral acerca de que debía excluirle a Cristina Kirchner del padrón. Vázquez es conocido en Comodoro PY 2002 ya que fue subrogante poco tiempo en la Cámara Federal de Casación impulsado por el kirchnerismo. Este fallo quedará firme porque no fue apelado por el fiscal con competencia electoral Julio Zárate, a pesar de que él mismo dictaminó en la causa que "corresponde decretar la inhabilitación del ciudadano/a en los padrones electorales, de conformidad con el art. 3° del Código Electoral Nacional".Una vez que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 6 años contra Cristina Kirchner, la Cámara Nacional Electoral comunicó a los jueces federales la accesoria de inhabilitación para que la sacan del padrón electoral.En Santa Cruz no lo entendieron así. El juez Vázquez, ternado para ocupar un lugar en la Cámara Federal de Luis Piedrabuena, un tribunal fantasma que existe en los papeles pero no en la realidad, se tomó licencia.La suplente fue la jueza Borruto que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 19 inc. 2 en función del 12 del Código Penal y del artículo 3 inciso "e" del Código Nacional Electoral" y en consecuencia, mantuvo "la situación registral de la ciudadana Fernández Cristina Elisabet M.I. Nº 10.433.615, clase 1953, como electora activa en este distrito al solo efecto de ejercer su sufragio".Y dispuso "tener por inhabilitada a la nombrada, para el ejercicio de sus derechos electorales en su faz pasiva, a tenor de la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Capital Federal". Es decir que pata la jueza puede votar pero no puede ser candidata.Borruto es jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, fue nombrada por Mauricio Macri en 2019 tras estar 20 años a cargo de la secretaria civil del tribunal.La jueza Borruto basó su decisión en dos fallos de la Cámara Nacional Electoral (Zelaya) de 2022 y Penitenciaria de 2016. Allí el tribunal declaró la inconstitucionalidad de esas normas al considerar que violan derechos fundamentales, como el derecho al voto, la igualdad, la dignidad humana y el principio de resocialización.Esta idea no es novedosa y el juzgado la aplicó en otros expedientes en cuanto prevé la privación automática del derecho a votar de los condenados por delitos dolosos. Les permite votar pero no ser candidatos, dijo la Cámara."Entiendo que privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal, ello sin perder de vista que las normas cuestionadas no superan los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad, exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo la jueza Borruto.Pero en ese mismo fallo, la Cámara Nacional Electoral, en un fallo que firmaron los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, dijeron que esta regla vale "sin perjuicio de que resulta factible que en ciertos casos el legislador pueda considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación (v. gr. en delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, malversación de fondos públicos, defraudación contra la administración pública, entre otros)".Y justamente este es el caso de Cristina Kirchner. Los jueces de la Cámara lo que señalan es que no es adecuado impedir el voto de manera genérica y automática, de modo de que no guarden relación con la situación penal del condenado. En este caso particular justamente el delito por el que Cristina Kirchner fue condenada es uno de los que enumera la Cámara como justificativo de la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación.
Causa Grido: tras revés judicial en Casación, a los dueños les queda recurrir a la Corte Suprema
En el centro del debate está la pregunta: ¿Puede haber perdón judicial si hay asociación ilícita fiscal? En el máximo tribunal del país, dos expedientes juzgados en Córdoba esperan la misma definición: los casos de Atilio Mengo y Fernando Cuello. Leer más
La Corte Suprema autorizó la extradición a EE. UU. de alias Gonzalito, segundo al mando del Clan del Golfo
El expediente contra José Gonzalo Sánchez lo señala como responsable del envío de grandes cantidades de cocaína desde Colombia con destino final en Estados Unidos desde 2006
Corte Suprema definirá el futuro del general (r) Rodolfo Palomino: audiencia clave ya tiene fecha
El exdirector de la Policía es procesado por presunto tráfico de influencias en el caso del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo
La Corte Suprema revisará la condena contra Aída Victoria Merlano por la fuga de su madre
El caso se remonta a octubre de 2019, cuando Aída Merlano Rebolledo, que cumplía una condena por corrupción electoral, protagonizó una recordada fuga en Bogotá
Corte Suprema reconoció a Gustavo Petro como víctima en el juicio al exdirector del DAS por "chuzadas" durante el gobierno de Álvaro Uribe
El periodista Daniel Coronell también fue considerado como víctima en el juicio contra Andrés Peñate, exdirector del DAS, por interceptaciones ilegales entre 2005 y 2007
Caso Ungrd: Tribunal de Bogotá decidirá si Carlos Ramón González va a la cárcel y no la Corte Suprema, ¿cuál es la razón?
El caso de González, exjefe del Dapre y la DNI durante el Gobierno de Gustavo Petro, ha adquirido una nueva dimensión judicial tras la reciente reforma a la Justicia aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Gustavo Petro
Corte Suprema ratificó la condena contra los poderosos empresarios Dávila Abonado por fraude en subsidios de Agro Ingreso Seguro
El alto tribunal aseguró que los empresarios Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano intentaron acceder de manera irregular a los beneficios económicos, solicitando varios subsidios por el mismo predio
Histórico fallo de la Corte Suprema en Corrientes a favor de un padre biológico en una compleja causa de adopción
La decisión del máximo tribunal, impulsada por la Defensa Pública de Corrientes, sienta un precedente sobre el derecho a la identidad y el proceso adoptivo. Leer más
Montealegre a Santos y Corte Suprema: "La historia lo va a castigar" si se opone a ley de sometimiento
Montealegre defendió la propuesta señalando que las condiciones actuales del conflicto armado en Colombia obligan a continuar con la búsqueda de alternativas
La Corte Suprema ordena colocar una tobillera electrónica a Bolsonaro
La decisión la tomó Alexandre de Moraes, uno de los jueces del Máximo Tribunal, quien le reprochó al expresidente haber incitado a "actos hostiles" contra Brasil junto a su hijo Eduardo, que se encuentra en Washington. También dispuso horarios restrictivos para Bolsonaro. De esta manera, el magistrado se alinea con el presidente Lula da Silva, quien está enfrentado con Trump luego de que el republicano amenazara con aranceles del 50% por el trato al exmandatario. Leer más
Crece la ofensiva de Donald Trump contra Brasil: ahora le prohíbe entrar a Estados Unidos al presidente de la Corte Suprema
Lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, en una nueva escalada en el enfrentamiento con Lula da Silva.Ocurre después de que Jair Bolsonaro, amigo del republicano, quede arrestado con tobillera electrónica.
Estados Unidos le revocó la visa a un juez de la Corte Suprema de Brasil por considerar que hubo "caza de brujas" contra Bolsonaro
El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó la revocación de las visas para Alexandre de Moraes, sus aliados en la Corte y sus familiares.
Corte Suprema le puso 'tatequieto' a Gobierno Petro sobre propuesta de beneficios a criminales
Magistrados y senadores critican la iniciativa del Gobierno que prevé penas alternativas y beneficios para jefes de bandas que entreguen armas y bienes, mientras el Ministerio de Justicia alista ajustes
La Corte Suprema reiteró la competencia del Tribunal Superior de Justicia porteño para resolver recursos extraordinarios
En un fallo dividido, el Máximo Tribunal ratificó la sentencia "Ferrari contra Levinas" que había firmado en diciembre del año pasado. Para esta sentencia se convocó a conjueces. Los motivos. Leer más
La Corte Suprema registró un récord de causas ingresadas en 2024: la mayoría son juicios previsionales
El informe anual revela que la mayoría de los expedientes corresponden a recursos extraordinarios, con fuerte presencia de la ANSES y predominio de casos previsionales en el volumen total de causas
La Corte Suprema implementó un sistema de estadística para transparentar todo su funcionamiento
El tribunal publicó el primer anuario sobre las causas que llegaron a la máxima instancia judicial del país. Los organismos públicos fueron los principales recurrentes.
Exministro Luis Carlos Reyes fue citado por la Corte Suprema por escándalo de contratos en Invías
El exdirector de la Dian deberá comparecer como testigo el 21 de julio en la investigación sobre presunta corrupción en la adjudicación de obras viales, proceso que involucra a más de 30 congresistas colombianos
La Corte Suprema rechazó la recusación de juez Ercolini en la causa Seguros
El ex presidente pidió que Ercolini fuera apartado de la causa por presumible falta de imparcialidad, dado que tuvieron una relación de amistad y enemistad en el marco de la materia que dictaban en la UBA. Leer más
La Corte Suprema ratificó que el Tribunal Superior de la Ciudad entiende en las apelaciones de todas las causas de la Justicia Nacional
La Corte Suprema de Justicia volvió a ratificar su criterio de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) es el "superior tribunal de la causa" para entender en la apelación de todos los procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria.De este modo, reiteró su jurisprudencia en el caso Levinas, que implica un avance de la Justicia porteña sobre la nacional, ya que la "Corte" de la ciudad resolverá todas las apelaciones de los casos penales, civiles, comerciales y laborales que resuelva la justicia ordinaria. Luego, si corresponde, intervendrá la Corte Suprema de Justicia.La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, pero para conformar una mayoría fue necesario convocar conjueces.Esto fue necesario porque el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, siguiendo su criterio del fallo Levinas, y porque la Corte quedó reducida a tres miembros tras la renuncia de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024.Ahora conformaron la mayoría los conjueces Patricia Moltoni (Cámara Federal de Santiago del Estero) y Pablo Candisano Mera (Cámara Federal de Bahía Blanca), designados por sorteo.Estos mismos conjueces son los que deberán resolver cuando se plantee el mismo problema en la Corte, pues la idea es mantener este criterio jurisprudencial sin cambios. Al igual que en el fallo Levinas, dictado en la última semana de diciembre del año pasado, la Corte no hizo ninguna alusión al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la órbita porteña.Sin embargo, el fallo implica en la práctica un avance en ese sentido al darle más poder a la Justicia de la Ciudad. la Corte dijo que reafirma su idea de autonomía de la ciudad de Buenos Aires como entidad federada, reconociendo su capacidad para tener un propio Poder Judicial y un tribunal superior.De hecho, las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, en lo Laboral, en lo Comercial y la Cámara del Crimen se pronunciaron cuestionando esta decisión de la Corte en el caso Levinas.La Corte Suprema dijo que a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, el superior tribunal de la causa (al que se refiere el artículo 14 de la ley 48) para los procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad es el Superior Tribunal de Justicia porteño.Este jueves, la Corte Suprema resolvió en una causa civil donde se discutía el planteo de los hijos de un hombre fallecido y la sucesión. La Cámara Civil revocó un fallo de primera instancia y la sociedad demandada, Haras El Moro SA, planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires. La Cámara Civil rechazó tal recurso por considerarlo improcedente. El tribunal destacó que el recurso no está previsto en las normas y que ese procedimiento está suspendido por una medida cautelar pedida por la Asociación de Magistrados, entidad que reúne a jueces nacionales y federales.Disconforme con el fallo de la Cámara Civil, Haras El Moro SA, la demandada, planteó un recurso de queja ante el superior tribunal local, que dejó sin efecto el fallo que denegaba el recurso de inconstitucionalidad. Los jueces de la Ciudad dispusieron que la Cámara Civil diera traslado del asunto a las partes interesadas y se pronunciara sobre su admisibilidad. También sostuvo que se había ignorado lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el precedente "Levinas", donde sostuvo que el propio tribunal es competente para entender en los recursos de inconstitucionalidad y en las quejas planteadas contra los fallos de la justicia nacional. La Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil rechazó lo resuelto por el Tribunal Superior de la Ciudad. Consideró que el recurso admitido por ese tribunal no se encuentra previsto en la legislación. Subrayó que Haras El Moro debía acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Ante ese fallo, el Tribunal Superior de Justicia elevó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que dirima la controversia suscitada entre la "corte porteña" y la Cámara Civil. La Procuración General de la Nación dictaminó que el tribunal local no era competente.Pero los jueces Rosatti y Lorenzetti insistieron con su criterio, acompañados por los dos conjueces, e hicieron lugar al recurso en el que dispusieron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el que debe decidir en el trámite sucesorio.Este criterio de la Corte modificó profundamente la manera de litigar en la ciudad de Buenos Aires. Mas allá de la resistencia de los jueces nacionales y las cámaras, los abogados deben plantear sus recursos ante los dos tribunales, el local y el nacional, por las dudas.El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ya resolvió algunos de estos asuntos que le llegan en apelación de los tribunales nacionales, pero aún debe fijar criterios en más de un millar de causas de este tipo que se les vienen acumulando.Por ejemplo, son especialmente esperados por el mundo jurídico fallos sobre casos laborales para saber cuál es el criterio del Tribunal Superior de Justicia porteño sobre los criterios de actualización de las indemnizaciones y multas. También está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad una decisión sobre la causa de la quiebra del Correo Argentino, de los Macri, que tiene impacto político y sobre el patrimonio familiar.
Corte Suprema ratifica que la fiscal Luz Adriana Camargo continuará al frente del caso contra Sandra Ortiz
La Corte negó la solicitud de Ortiz para apartar a la fiscal General del caso, en medio de investigaciones por presunto lavado de activos y tráfico de influencias
Causa cuadernos: la Corte Suprema rechazó una nulidad del empresario Carlos Wagner
Buscaba que se revise el caso y su declaración como arrepentido. El juicio comenzará en noviembre
La Corte Suprema aprobó un nuevo reglamento para bienes secuestrados en causas penales
El tribunal redefinió el sistema de registro y administración de activos incautados en procesos judiciales, estableciendo nuevas obligaciones para jueces y organismos, y facilitando el acceso a esa información
Karol Samantha, novia de Epa Colombia, reaccionó a la decisión de la Corte Suprema y recordó las palabras de Petro
La pareja de la creadora de contenido se pronunció en sus redes sociales horas después de que la Sala de Casación Laboral negara la posibilidad de cumplir su pena en prisión domiciliaria
Corte Suprema citará a indagatoria a Miguel Ángel Barreto por escándalo de corrupción de 'Las Marionetas 2': habría pruebas contundentes
El alto tribunal considera que el legislador del Partido Conservador tuvo un rol activo en la red de corrupción
Corte Suprema de Justicia confirmó condena a Epa Colombia por instigación con fines terroristas: pagará los cinco años de cárcel
El alto tribunal negó tutela interpuesta por la defensa de la creadora de contenido, señalando que sus mensajes tenían el potencial de incitar a terceros a cometer delitos similares que afectaban el orden público
Qué dijo el exjuez Juan Carlos Maqueda sobre su salida de la Corte Suprema
El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, se pronunció sobre los eventos que rodearon su reciente alejamiento del máximo tribunal. Ofreció una perspectiva detallada sobre los mecanismos y las formas de su desvinculación, un hecho que genera interés en el ámbito institucional y político. El jurista también abordó aristas vinculadas a su experiencia en el Poder Judicial y observaciones críticas sobre el escenario actual.Qué dijo Juan Carlos Maqueda sobre su salida de la Corte SupremaEl exjuez Juan Carlos Maqueda describió su alejamiento de la Corte Suprema como un hecho marcado por la "descortesía". Afirmó que su salida del máximo tribunal se debió a una decisión particular del presidente Javier Milei. Maqueda, quien cumplió 22 años de dedicación "full life" a la Corte, sostuvo que fue notificado de su retiro de manera pública en marzo de 2024, meses antes de cumplir 75 años en noviembre. El jurista calificó el modo de notificación como de "muy mal gusto", expresó haber sentido un "cimbrón" ante la situación y enfatizó que fue un procedimiento similar no registra antecedentes en la historia argentina. Aunque el exjuez tuvo tiempo para asimilar la idea de su retiro, su expectativa era un trato distinto por parte del Poder Ejecutivo. Maqueda, quien mantuvo un perfil bajo y se comunicó principalmente a través de sus sentencias, señaló que con el actual presidente no posee vínculo alguno, más allá de un saludo protocolar el día de la asunción. Atribuyó esta decisión presidencial a un posible "desconocimiento" hacia su persona.La relación con Javier Milei y las críticas al GobiernoMaqueda no solo se refirió a su salida, también emitió críticas contundentes hacia la gestión del presidente Javier Milei. Remarcó el "poco cuidado con lo institucional" por parte del actual gobierno y sostuvo que la democracia se encuentra "atacada y erosionada" desde adentro. El exjuez observó un "destrato hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático", lo que, a su juicio, se manifiesta en la falta de diálogo político y la ausencia de acuerdos. Aconsejó al presidente "que se acostumbre a la costumbre democrática". Fue enfático al señalar que el ejercicio del poder durante la presidencia de Milei "hiere la democracia y algunos principios básicos, como la libertad de expresión". Criticó la intromisión en el ámbito específico del Poder Judicial, algo que la Constitución Nacional veda a los otros poderes del Estado. Calificó la terminología utilizada por el mandatario como "chabacana" y "más propia de barrabravas o de matones", una conducta que, según Maqueda, degrada la figura presidencial y "hiere muchísimo".La postura sobre Cristina Kirchner y la condena por corrupciónEl exjuez también abordó, en diálogo con A24, la relación entre el kirchnerismo y la Corte Suprema. Estableció una diferencia clara entre las presidencias de Néstor Kirchner y las de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Según Maqueda, durante la presidencia de Néstor Kirchner se aplicaron las reglas de la política y el presidente buscó acuerdos, pero en las dos gestiones de Cristina Kirchner y la de Alberto Fernández, el respeto hacia el máximo tribunal no fue el mismo. El exmagistrado indicó que la expresidenta, con su "lenguaje hiriente y sus actitudes beligerantes", fue "horadando la democracia", un aspecto en el que encuentra similitudes con el estilo de Javier Milei. Respecto a la condena por corrupción que pesa sobre Cristina Kirchner, Maqueda fue terminante: la definió como "una política presa", y no como una presa política. Aseveró que el fallo judicial no constituye una venganza y evitó opinar sobre los detalles de las condiciones de prisión domiciliaria y su régimen de visitas.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Tribunal Superior de Bogotá, encargado del futuro judicial de Carlos Ramón González tras decisión de la Corte Suprema
La Sala de Instrucción devolvió al Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la medida de aseguramiento y orden de captura contra el exdirector del Dapre, por el escándalo de corrupción de la Ungrd
Brasil: la fiscalía le pidió a la Corte Suprema condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, podría ser condenado tras ser acusado de un intento de impedir la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva luego de las elecciones de 2022. Leer más
Luz verde para despidos masivos: la Corte Suprema habilita a Trump a eliminar casi 1300 puestos de trabajo
La Corte Suprema de los Estados Unidos habilitó este lunes a Donald Trump a continuar con su plan de recorte en el Departamento de Educación, al permitirle despedir a más de 1300 empleados y dejar reducida a la mitad la fuerza laboral de la agencia federal. Con esta decisión, el máximo tribunal concedió al Poder Ejecutivo una herramienta poderosa para avanzar con su estrategia de reestructuración del Estado sin necesidad de autorización del Congreso. La decisión de la Corte Suprema que refuerza el poder presidencialLa resolución del tribunal se produjo en respuesta a una solicitud de emergencia de la administración Trump para revocar una orden judicial que obligaba a reinstalar a los empleados despedidos. En términos prácticos, esto le permitió al presidente continuar con una reorganización profunda del Departamento de Educación sin intervención legislativa. Según argumentaron los abogados del Ejecutivo, la medida se justificaba por el "derecho constitucional absoluto del presidente para dirigir y gestionar las agencias ejecutivas".El fallo, aunque de carácter provisional, dejó sin efecto lo dictaminado por el juez Myong J. Joun, quien había ordenado reincorporar a los trabajadores mientras se evaluaba la legalidad del cierre. Este magistrado, designado por el presidente Joe Biden, sostuvo que solo el Congreso tenía autoridad para eliminar un departamento federal y que la orden ejecutiva de Trump equivalía a un desmantelamiento ilegal.The New York Times informó que el Departamento de Educación inició 2025 con más de 4000 empleados. Con los despidos, las renuncias ofrecidas a trabajadores en período de prueba y otras salidas voluntarias, la planta se redujo drásticamente. Después de la purga, se espera que la agencia opere con aproximadamente la mitad de su capacidad original. Uno de los sectores más golpeados fue la Oficina de Derechos Civiles, que cerró siete de sus 12 centros regionales.Cómo se llegó al fallo de la Corte Suprema que benefició a TrumpEl conflicto se originó en marzo pasado, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que instruía a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a iniciar el proceso de cierre del organismo. Durante el acto de firma, el mandatario expresó: "Vamos a cerrarlo, y cerrarlo lo más rápido posible". El gobierno argumentó que los bajos resultados en los exámenes estandarizados justificaban la necesidad de trasladar las funciones del departamento a los estados.La medida generó una inmediata reacción judicial. Dos distritos escolares, la Federación Americana de Maestros y 21 fiscales generales estatales demócratas presentaron una demanda federal en Massachusetts. En específico, solicitaron frenar los despidos y anular la orden ejecutiva, al considerar que se trataba de una violación del mandato del Congreso.El 22 de mayo, el juez Joun falló a favor de los demandantes, al ordenar que los empleados despedidos fueran reincorporados mientras continuaba el juicio. Posteriormente, el 4 de junio, un panel del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión. No obstante, dos días después, el gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, que finalmente habilitó la continuación del plan presidencial.Según el fallo del máximo tribunal, mientras se resuelve la cuestión de fondo, los despidos podrán concretarse. En consecuencia, los empleados cuya reincorporación había sido ordenada ahora pueden ser nuevamente removidos.Qué funciones están en riesgo en el Departamento de Educación tras el fallo de la Corte SupremaEl Departamento de Educación tiene varias tareas clave delegadas por ley, muchas de las cuales podrían verse paralizadas con la actual reducción de personal. Según detalló The New York Times, las principales áreas afectadas por los despidos incluyen:Préstamos estudiantiles federales: encargados de distribuir y gestionar financiamiento universitario.Vigilancia de logros académicos: registros y estadísticas nacionales sobre el desempeño escolar.Supervisión de derechos civiles: investigación y respuesta ante denuncias de discriminación, abuso y exclusión en escuelas y universidades.Programas para estudiantes con discapacidades: soporte federal a iniciativas de inclusión y asistencia.Oficinas regionales cerradas: siete de las 12 oficinas de la Oficina de Derechos Civiles ya dejaron de operar.Pese al desmantelamiento parcial, el gobierno sostuvo ante la Corte que el Departamento "podía cumplir con sus funciones legales obligatorias con una dotación de personal reducida" y que "muchas tareas discrecionales debían quedar en manos de los estados".Con este fallo, el debate sobre la legalidad y viabilidad de desarmar una agencia creada por el Congreso sin su consentimiento directo permanece abierto, aunque Trump ya obtuvo una victoria política clave en su intento de recentralizar el poder ejecutivo y redefinir el rol federal en la educación.
Juan Carlos Maqueda dijo que fue apartado de la Corte Suprema "con descortesía", sostuvo que Milei "hiere la democracia" y se refirió a la condena de Cristina Kirchner
Meses después de abandonar la Corte Suprema de Justicia, el exjuez Juan Carlos Maqueda aseguró que su salida ocurrió "con descortesía", a la vez que afirmó que se trató de una decisión particular del presidente Javier Milei. Además, cuestionó que el gobierno de Alberto Fernández fue el que más "apretó" al alto tribunal y definió a Cristina Kirchner como "una política presa"."Yo tuve el perfil de los jueces que hablan con sus sentencias, es decir, bajo. Me alejé hasta del ámbito académico: estuve los 22 años dedicado a la Corte. Decirte que no extraño y que sí sería mentirte. Es un trabajo muy arduo que exige dedicación full life y uno no se imagina haciendo otra cosa, pero, por otro lado, desde que supe que no podía presentarme para renovarme el mandato de acuerdo a la constitución, porque me notificaron públicamente que cuando cumpliera 75 años me tenía que retirar, yo ya me fui haciendo la idea. No me costó para nada", declaró en A24.Acto seguido, Maqueda sostuvo que el modo en el que lo notificaron de su salida fue "de muy mal gusto" y explicó: "No quiero afirmar que me hubiera quedado si hubiera tenido tiempo para pensarlo; no lo tuve. Me avisaron en marzo de 2024 y yo cumplía años en noviembre, así que fue un tiempo suficiente para madurarlo. Ahora, esto nunca antes había pasado en la historia Argentina. Yo sentí el cimbrón".El exjuez señaló que fue sacado de la Corte con "descortesía" y remarcó que fue una decisión Milei, a la vez que aclaró que con el jefe de Estado no tiene vínculo. "El ministro de Justicia, a quien yo he tratado y le tengo reconocimiento, dijo que no era una decisión de él, sino del Presidente, tal como lo establece la Constitución. No creo que él haya estado en este tema. Esto lo atribuyo a desconocimiento porque no me conocía. El único conocimiento fue que, el día que asumió, me dio la mano como a todos los jueces. Somos generaciones distintas y no tenemos ningún tipo de relación. No le diría nada de esta decisión, solo le deseo suerte porque esta situación es difícil", explayó.En tanto, recalcó que para el mandatario es complicado afrontar la situación económica de la Argentina y criticó que tiene "poco cuidado con los institucional". Aseveró que la democracia está siendo "atacada y erosionada" desde adentro y argumentó: "En el ámbito del presidente Milei hay un destrato hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático, empezando por los métodos. La falta de diálogo político lleva a la falta de acuerdos políticos. Le diría que vuelva y se va a encontrar con gente que no se hubiera imaginado y que se acostumbre a la costumbre democrática. En el fondo se degrada la figura presidencial. Usa una terminología chabacana que a veces hiere muchísimo y que es más propia de barrabravas o de matones". "El ejercicio del poder en la presidencia de Milei hiere la democracia y algunos principios básicos, como la libertad de expresión. O la independencia de poderes, cuando opina de fallos judiciales y se entromete en lo que es el ámbito específico de un poder del Estado que le está absolutamente vedado por la Constitución Nacional", continuó.Sobre Cristina Kirchner: "Es una política presa"Maqueda subrayó que durante el kirchnerismo no se respetó a la Corte Suprema como tal y desarrolló: "Haría una gran diferencia entre la presidencia de Néstor Kirchner, donde se aplicaron las reglas de la política y él se comportó como un presidente que buscaba acuerdos, y las dos presidencias de Cristina Kirchner y la de Alberto Fernández. Con su lenguaje hiriente y sus actitudes beligerantes, la expresidenta fue horadando la democracia. En eso se parece a Milei".En cuanto a la condena contra Cristina Kirchner por corrupción, el exjuez dijo que la expresidenta no es una presa política sino una "política presa" y expresó que el fallo no consiste en una venganza. En tanto, se limitó a opinar sobre si las condiciones de la prisión domiciliaria y su régimen de visitas son correctas.Por último, contó que durante todos los gobiernos la Corte recibe "aprietes", aunque comentó que la gestión en la que más hubo fue en la de Alberto Fernández. "Arrancó el año pidiendo un juicio político. Se equivocó, yo tenía trato con él", expuso.
Corte Suprema concluyó recolección de pruebas en contra de Iván Name y Andrés Calle
Los congresistas están involucrados en el entramado de corrupción de la Ungrd. Sin embargo, insisten en que las acusaciones son falsas
Exrepresentante afro fue acusado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de falsedad y fraude electoral: esta fue la razón
Jhon Arley Murillo ejerce actualmente como presidente del partido Colombia Renaciente, y desde este cargo, el alto tribunal formuló cargos en su contra. Se espera que el excongresista emita una respuesta frente a las acusaciones presentadas
La Argentina no descarta apelar a la Corte Suprema de EEUU si se mantiene el fallo que ordena entregar las acciones de YPF
El Gobierno solicitó esta tarde ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la suspensión de la sentencia de Loretta Preska que ordena transferir el 51% del paquete accionario de la petrolera antes del 15 de julio. Los argumentos que dieron los abogados del país
La Corte Suprema le puso punto final a la demanda de Sandra Borda, quien aseguraba ser la hija de Sandro
La Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso punto final a la demanda que había entablado una mujer para que se la reconociera como hija biológica del famoso cantante Roberto Sánchez, conocido como Sandro, fallecido en enero de 2010.Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró inadmisible, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la presentación de la mujer.La causa se inició cuando Sandra Edit Borda interpuso una acción de impugnación de filiación con respecto a Carlos Borda y, en el mismo acto, una acción de reconocimiento de filiación contra Roberto Sánchez.La mujer contó que se enteró de que era hija del cantante en 2006 cuando su madre se lo confesó antes de morir. En 2007, se realizó un examen de ADN junto al artista de manera extrajudicial. La supuesta hija de Sandro contó que la pareja del cantante le informó que el resultado había dado negativo, pero aseguró que vio el estudio.La mujer fue a la Justicia. Según detalló en la presentación judicial, en el año 1965 su madre conoció a Roberto Sánchez y comenzaron una relación oculta que duró varios años. Tiempo después su madre conoció a Carlos Borda, con quien se casó. Sin embargo, los encuentros con el cantante continuaron. En 2014, Sandra obtuvo la impugnación de la paternidad de Carlos Borda, quien la crio como su hija natural. En 2015, los restos de Sandro fueron exhumados para realizar una prueba de ADN. El examen dio negativo."Los resultados observados son incompatibles con la existencia de un vínculo padre/hija", dice el fallo de primera instancia en donde se rechazó la demanda. La Cámara confirmó la resolución, al establecer que la prueba fue categórica respecto de la incompatibilidad genética entre la mujer y Roberto Sánchez.Contra la decisión, la actora apeló la sentencia a través de un recurso de nulidad e inaplicabilidad de la ley. En febrero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó la demanda. Para los magistrados Luis Esteban Genoud, Daniel Fernando Soria, Sergio Gabriel Torres e Hilda Kogan, los agravios traídos a la instancia extraordinaria estaban vinculados a un tema abordado por los tribunales previos, aunque en sentido desfavorable a la actora y, por lo tanto, solo se cuestionaba el acierto jurídico del fallo. View this post on Instagram A post shared by Sandra por la identidad (@sandrajunior_)Según se destacó, la prueba pericial de ADN en ambas pruebas había sido contundente al concluir que se trataba de la misma persona y que no existía un vínculo biológico entre la actora y el causante, de lo cual se desentendió la recurrente y no logró rebatirlo, no siendo suficiente enunciar la existencia de una arbitrariedad si no se demuestra que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables.Borda llegó entonces con un recurso extraordinario en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde insistió con su planteo. El máximo tribunal rechazó la presentación por inadmisible.
La Corte Suprema dejó firme el rechazo a la demanda por la paternidad de Sandro
La Corte Suprema desestimó una demanda por la paternidad de Sandro
Tras años de litigio, el máximo tribunal confirmó de forma definitiva el rechazo a la presentación de una mujer que afirmaba ser hija biológica de Roberto Sánchez.
Corte Suprema acusó al congresista Jorge Alberto Cerchiaro por contrato irregular y peculado cuando fue alcalde de Barrancas, La Guajira
El representante a la Cámara enfrenta cargos por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación
Duro revés para Ron DeSantis: la Corte Suprema bloquea la nueva ley "antimigrantes" de Florida
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles la entrada en vigor de una polémica ley de Florida impulsada por Ron DeSantis, que imponía duras sanciones penales a extranjeros que cruzaran la frontera de manera ilegal. El fallo llega en medio de una disputa nacional sobre hasta qué punto los estados pueden involucrarse en la aplicación de normativas migratorias, una potestad que históricamente recayó en manos del gobierno federal. Bloquean la SB 4-C en Florida: una ley migratoria cuestionada desde su inicioLa norma, conocida como Senate Bill 4-C, fue firmada por Ron DeSantis en febrero de 2025 y establecía que cualquier adulto que ingresara a Florida tras haber evitado un control migratorio federal incurriera en un delito estatal, castigado con una pena mínima de prisión obligatoria. Además, exigía a la Policía local a notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cada vez que se realizara una detención de un extranjero sin autorización.El juez federal de distrito Kathleen M. Williams ya había suspendido en abril la aplicación de esta ley, al argumentar que probablemente contravenía la Constitución de los Estados Unidos al invadir competencias exclusivas del poder federal. Esa decisión fue luego respaldada por la Corte de Apelaciones del 11° Circuito, que también negó la posibilidad de que la normativa se aplicara mientras continuaban las demandas judiciales.El fallo de la Corte Suprema en contra de Ron DeSantis y a favor de los migrantesEl máximo tribunal de EE.UU., sin emitir fundamentos ni revelar cuántos votos respaldaron la medida, se limitó a dejar en pie la orden del tribunal inferior: Florida no podrá aplicar la nueva ley hasta que finalice el proceso judicial que evalúa su constitucionalidad. Esta breve, pero contundente decisión, citada por The Washington Post, representa un importante freno a las ambiciones de DeSantis de convertir a su estado uno de los más severos contra los migrantes indocumentados.Uno de los elementos más debatidos fue la ausencia de excepciones humanitarias dentro del texto legal. Según quedó expuesto en los documentos judiciales, la SB 4-C no contemplaba a las personas con solicitudes de asilo pendientes ni a quienes buscaban refugio por razones humanitarias, lo cual generó fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.La defensa de James Uthmeier, declarado en desacatoEl procurador general de Florida, James Uthmeier, intentó revertir la paralización de la ley al alegar que esta no pretendía contradecir la normativa federal, sino basarse en ella para fortalecer el control migratorio en el estado. En sus presentaciones ante la Corte Suprema, advirtió que la imposibilidad de aplicar la ley dejaba a la administración estatal "incapacitada para combatir los graves daños derivados de la inmigración ilegal".Sin embargo, sus declaraciones posteriores generaron controversia. Luego de que la jueza Williams le ordenara cesar toda comunicación institucional que sugiriera lo contrario, Uthmeier fue declarado en desacato civil tras haber enviado una carta a las fuerzas de seguridad del Estado donde indicaba que, en su opinión, la orden judicial "no impedía legalmente" aplicar la ley. La Corte de Apelaciones no solo tomó nota de ese acto de rebeldía, sino que lo utilizó como argumento para mantener la suspensión de la ley. Según el fallo, aun cuando el fiscal pudiera tener razón sobre el alcance de la orden de la jueza, "eso no justifica lo que al menos parece una amenaza velada de no acatarla".
Juez frena la Orden Ejecutiva que eliminaba la ciudadanía por nacimiento pese a fallo de la Corte Suprema de EEUU
La batalla por la ciudadanía en Estados Unidos dio un giro importante este jueves, con la suspensión de un juez federal de New Hampshire
La Corte Suprema suspendió el juicio oral seguido contra la excontralora Sandra Morelli
Morelli es investigada por un presunto detrimento patrimonial tras firmar un contrato de arrendamiento superior a los 2.600 millones de pesos
Álvaro García Romero seguirá en prisión: Corte Suprema niega por cuarta vez su libertad y alerta sobre dilaciones en el proceso
A pesar de tener 71 años, el exsenador no podrá salir de la cárcel, puesto que el alto tribunal lo señaló por hechos ligados a desplazamiento forzado agravado, luego de la masacre de Macayepo en 2000, a manos de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC)
Trump gana otra batalla judicial: la Corte Suprema da luz verde a sus planes para eliminar miles de empleos federales
WASHINGTON.- Donald Trump ganó otra batalla judicial y sumó un nuevo eslabón a la cadena de noticias positivas en los últimos días para su administración. La Corte Suprema norteamericana despejó este martes el camino para que la Casa Blanca ponga en marcha planes de despidos masivos y reorganizaciones en 19 agencias y departamentos federales mientras continúa el litigio.Los jueces de la Corte levantaron una orden de un tribunal inferior que había bloqueado temporalmente los planes para despedir a miles de trabajadores federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social (SSA), porque la administración no había consultado en primer lugar con el Congreso.El máximo tribunal, de mayoría conservadora, permite así a los funcionarios de Trump despedir a reguladores independientes y a miles de trabajadores a prueba, mientras los desafíos legales se desarrollan en los tribunales inferiores. La decisión de produce a pesar de las advertencias de que con los despidos masivos se perderían servicios gubernamentales críticos.Los recortes de empleos federales han sido liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en ingles), que estaba dirigido por el multimillonario Elon Musk hasta su salida del gobierno, en mayo pasado, tras lo cual entabló una durísima pelea con Trump, su otrora máximo aliado.La jueza Ketanji Brown Jackson fue el único voto disidente de la decisión, y acusó a sus pares de la Corte de un "entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia"."En mi opinión, esta decisión no sólo es verdaderamente desafortunada, sino también arrogante y sin sentido", escribió la magistrada al explicar su desacuerdo en un voto particular de 15 páginas.En este caso, otras dos de las jueces más progresistas -Elena Kagan y Sonia Sotomayor- se unieron a los conservadores al permitir que la administración planifique reorganizaciones y reducciones de las plantillas de distintos organismos estatales. Sotomayor explicó que era porque la administración había ordenado a las agencias operar "de acuerdo con la ley aplicable"."Los planes en sí no están ante este Tribunal, en esta etapa, y por lo tanto no tenemos ocasión de considerar si pueden y serán llevados a cabo de conformidad con las limitaciones de la ley", escribió Sotomayor, que añadió que el juez de primera instancia aún es libre de evaluar la legalidad de los planes de la administración Trump.La Corte señaló en su breve orden sin firma que la mayoría de los jueces dijo que "no expresamos opinión alguna sobre la legalidad de ninguno" de los planes de las agencias para reestructurar o reducir las plantillas, y dejó abierta la posibilidad de que la cuestión volviera al máximo tribunal.Durante la segunda administración Trump, que empezó el 20 de enero pasado, decenas de miles de trabajadores federales fueron echados, dejaron sus empleos a través de planes de renuncia diferida o fueron puestos en licencia. No hay una cifra oficial de todos los recortes, pero se estima que unas 75.000 personas se adhirieron a la dimisión diferida y otros miles de trabajadores en período de prueba fueron despedidos.El 11 de febrero pasado, Trump había ordenado a las agencias federales planificar y llevar a cabo despidos masivos y reorganizaciones como parte de su esfuerzo por reducir la fuerza de trabajo federal y eliminar lo que llamó el "despilfarro".El mayor sindicato de trabajadores federales del país, la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés), presentó una demanda contra los planes del gobierno, alegando que era ilegal que el presidente desmantelara unilateralmente agencias federales creadas por el Congreso.En mayo pasado, la jueza federal Susan Illston, de California, había determinado que el gobierno necesitaba la aprobación del Congreso para hacer reducciones significativas a la fuerza laboral federal. De hecho, ordenó a varias agencias federales detener la ejecución de las órdenes sobre la fuerza laboral firmada por el presidente y un memorándum posterior emitido por DOGE y la Oficina de Gestión de Personal.El fiscal general John Sauer, abogado de la administración ante la Corte Suprema, dijo luego a los jueces que Trump no necesita un permiso especial del Congreso para ejercer un poder presidencial básico de supervisión de las agencias federales. La orden del mandatario, señaló, ordena a las agencias cumplir con todas las leyes pertinentes en la "racionalización de sus plantillas".La decisión de la Corte llega luego de que el 27 de junio pasado acordara limitar la facultad de los jueces federales para suspender temporalmente órdenes ejecutivas del presidente, lo que abrió la puerta a que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras los desafíos legales a la constitucionalidad de esa medida proceden en otras regiones.La decisión fue calificada en ese momento como una "victoria monumental" por Trump, en el marco de sus esfuerzos para restringir la inmigración ilegal, una de sus principales promesas de campaña.
La Corte Suprema le dio luz verde a Donald Trump para eliminar miles de empleos federales en Estados Unidos
El tribunal levantó el bloqueo a los recortes que impulsa el republicano.Fuerte advertencia de la única jueza que votó en disidencia: habló de "acciones legalmente dudosas".
Trump acelera las deportaciones con ayuda de la Corte Suprema
Decenas de personas corren el riesgo de terminar en terceros países gracias a un fallo reciente del máximo tribunal de EE.UU. Su política de inoculación del miedo.
Corte Suprema falló contra Roy Barreras por demanda a Jota Pe Hernández por caso del canal del Congreso
Barreras demandó a Hernández por presunta calumnia y hostigamiento, tras las denuncias del senador sobre posibles actos de corrupción en el canal del Congreso
Corte Suprema reconoce derechos económicos a parejas extramatrimoniales incluso con matrimonio vigente
La sentencia establece que se pueden reconocer derechos económicos a quienes conviven con casados que no han disuelto legalmente su matrimonio
La Corte Suprema de EEUU avala la deportación de inmigrantes a Sudán del Sur
La decisión desbloquea un vuelo suspendido y expone a los expulsados al peligro en un país marcado por la violencia, según organizaciones de derechos humanos
Corte Suprema condenó a exgobernador encargado del Chocó a 92 meses de prisión por peculado agravado y otras irregularidades
David Emilio Mosquera Valencia fue sentenciado por su participación dolosa en actos administrativos que provocaron un daño patrimonial al erario público por más de $2.200 millones
Caso Beatriz Salomón: el fallo de la Corte Suprema que perjudica a Jorge Rial y Luis Ventura
A 21 años de la cámara oculta contra Alberto Ferriols que marcó la vida de la ex vedette, el máximo tribunal ordenó hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada contra América TV y los periodistas.. El reclamo, que fue iniciado por Salomón en vida, ahora es llevado adelante por sus hijas, Noelia y Bettina.
El Gobierno acude a la Corte Suprema para bloquear el acceso a datos sobre el plan "Potenciar Trabajo"
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, resiste desde hace meses la entrega de información sensible a un puñado de legisladores opositores sobre los fondos multimillonarios que recibió el Movimiento Evita durante los últimos años. ¿Su argumento? La difusión de esos datos podría obstaculizar investigaciones penales en curso sobre los planes "Potenciar Trabajo" y poner en riesgo a testigos de identidad reservada. Para los legisladores, son falacias que podrían servir para proteger al exfuncionario y piquetero Emilio Pérsico. Ahora la discusión llegó hasta la Corte Suprema.La disputa comenzó en 2023, cuando Alberto Fernández todavía ocupaba la Casa Rosada y seis referentes de la Coalición Cívica denunciaron por presunto conflicto de interés a Pérsico y a otros funcionarios ante la Oficina Anticorrupción (OA). Hernán Reyes, Héctor Flores, María Fernanda Reyes, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin Moro estimaron que Pérsico y sus colaboradores actuaban de ambos lados del mostrador: como funcionarios firmaban convenios y otorgaban partidas millonarias a cientos de cooperativas que directa o indirectamente respondían a ellos.Pero ese fue apenas el primer paso de una disputa que sigue hasta hoy. Porque Reyes también pidió acceder a datos concretos sobre "Potenciar Trabajo", el programa social que cuenta con un presupuesto que supera el billón de pesos por año y llegó a registrar 1,6 millón de beneficiarios. Lo requirió en agosto de 2023 y ya durante la gestión de Pettovello le entregaron información mínima, por lo que en 2024 acudió a los tribunales.El amparo de Reyes recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de Esteban Furnari. ¿Qué planteó el equipo de Pettovello en tribunales? Que le pedían "información que podría develar datos sensibles que podrían interferir con diversas investigaciones penales en curso, referentes a posibles casos de corrupción relacionados con el Ministerio" y que "en el marco de dichas causas se están llevando una serie de actos procesales, los que probablemente conduzcan a declaraciones testimoniales de testigos de identidad reservada".Reyes replicó que los datos que había pedido no eran esos. Él no buscaba, aclaró, "la difusión de nombres y domicilios de quienes pudieran declarar en procesos penales en calidad de testigos protegidos", sino datos sobre el "obrar de personas jurídicas". Por caso, rendiciones de cuentas de las cooperativas, en "trámites administrativos [que] son, de hecho, anteriores a los procesos judiciales a los que se hace referencia, en todos y cada uno de los referidos".Ya en diciembre pasado, el juez Furnari rechazó el amparo de Reyes. En línea con el fiscal de primera instancia, Miguel Ángel Gilligan, concluyó que "la difusión de la información requerida podría afectar la correcta tramitación de las causas penales referenciadas, por lo cual constituye información a la que corresponde aplicar un especial tratamiento, quedando excluidas del deber de informarse".Pero Reyes apeló. Y tanto el fiscal de Cámara, Ricardo Peyrano, como los camaristas Clara do Pico, Rodolfo Facio y Liliana Heiland, le dieron la razón en un fallo del 29 de mayo pasado. ¿Qué sostuvo el fiscal? Que Capital Humano "no ha explicado de manera razonable de qué modo la divulgación de la información solicitada podría afectar la estrategia jurídica o la defensa en el marco del proceso judicial en curso", ni "tampoco ha demostrado que la apertura de la causa penal haya sido motivada de manera exclusiva por la información solicitada, ni que la documentación requerida se encuentre efectivamente bajo reserva".Pero la disputa no se agotó allí. Pettovello decidió recurrir a la Corte. El 11 de junio insistió en que "la información solicitada resulta prueba esencial de causas en trámite en la Justicia Federal de todo el país vinculadas a coacciones efectuadas por movimientos sociales que administraban el plan Potenciar respecto a los beneficiarios".Y planteó su "preocupación por los testigos que deben declarar en dichas causas, dado que podrían llegar a ser identificados, poniéndolos en peligro y contrariando la reserva de su identidad dispuesta por los jueces".Reyes replicó el miércoles 25. "El Estado Nacional no ha dado cuenta de cómo la presencia de testigos pudiera estar relacionada y/o filtrarse como resultado de la divulgación de la documentación de rendición de cuentas que las Unidades de Gestión No Gubernamentales (cooperativas de trabajo, en su mayoría)", dijo, y aclaró que "en ninguno de los documentos referidos y requeridos obra intervención de testigo alguno, documentación elaborada por la Administración Pública a los efectos de afrontar una estrategia judicial, así como tampoco alguna actuación de investigación administrativa sujeta a reserva dispuesta por ley"."Las investigaciones penales se benefician de un entorno transparente", remarcó Reyes. "Por ejemplo, la divulgación de datos sobre contratación pública o manejo de fondos -como los solicitados en este caso- permite que más información relevante aflore, que potenciales testigos o denunciantes tengan conocimiento de los hechos". Y en momentos en que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se encamina a un juicio oral, pero Pérsico recién recorre la etapa inicial de investigación, Reyes estimó que más información pública permite "que se genere confianza pública en que la investigación no encubre selectivamente a nadie".Un día después de presentado el escrito de Reyes, el expediente pasó al acuerdo. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver.
Lavado de dinero en Corrientes: la Corte Suprema dejó firmes las condenas a exintegrantes de Pyramis
Se trata de una entidad entidad financiera ilegal que se desempeñó bajo la apariencia de una cooperativa, realizando actividades prohibidas por la normativa vigente. Leer más
Cristina Kirchner le pegó a la Corte Suprema por anular la condena del cura echado por el Papa Francisco: "Sin palabras"
El máximo tribunal ayer sobreseyó Justo José Ilarraz, quien había sido condenado por abusos contra siete chicos.La expresidenta recordó que la decisión que tomó el año pasado el pontífice argentino.
Corte Suprema habría abierto una investigación preliminar contra Efraín Cepeda por supuesta manipulación en la votación de la consulta popular
La Corte Suprema abrió una indagación preliminar contra el presidente del Senado por presuntas irregularidades en la votación que archivó esta iniciativa impulsada por el Gobierno
La Corte Suprema sobreseyó al sacerdote Ilarraz, que había sido condenado a 25 años por abusos sexuales de seminaristas
La Corte Suprema de Justicia sobreseyó, por prescripción de la acción penal, al sacerdote Justo José Ilarraz, que había sido condenado a la pena de 25 años de cárcel por haber abusado sexualmente de adolescentes que estuvieron a su cargo en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, entre 1984 y 1995. En paralelo, en diciembre pasado, el papa Francisco, lo expulsó del estado clerical."Lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia que, por más aberrantes que sean, los abusos sexuales no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad y declaró así prescriptas las acusaciones penales que un grupo de jóvenes hizo, casi dos décadas después, contra un sacerdote por haberlos abusado sexualmente cuando eran menores", explicaron fuentes judiciales.Ilarraz fue condenado por los jueces Alicia Vivian, Gustavo Pimentel y Carolina Castagno el 22 de mayo de 2018. En ese momento tenía 65 años. Los abusos habían ocurrido más de 25 años antes de la condena en el seminario donde Ilarraz había recibido su educación sacerdotal. En Nuestra Señora del Cenáculo también funciona una escuela secundaria y un preseminario que los estudiantes del nivel medio cursan con miras a continuar estudiando para ordenarse como curas.Al momento de cometer los abusos, Ilarraz era prefecto de disciplina de los estudiantes que estaban en el primero y segundo año de la escuela secundaria católica, en el llamado Seminario Menor. Eran internos que ya tenían decidido continuar los estudios superiores y que esperaban ordenarse. Para algunas de las víctimas, ese momento se frustró porque decidieron alejarse del seminario para siempre; en cambio, otros chicos abusados llegaron a ser sacerdotes.Ahora, el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, declaró procedente el recurso extraordinario presentado por el abogado Jorge Muñoz, defensor del sacerdote, y se sobreseyó a Ilarraz.Para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia "no puede dudarse de que hechos como los denunciados son gravísimos, ni tampoco de que pueden causar inhibiciones a los menores perjudicados y demorar o dificultar su denuncia. Ambos rasgos tienen lugar cuando se dan abusos en entornos familiares, escolares o religiosos, como en el caso de Ilarraz, donde están presentes relaciones de subordinación y/o dependencia. Es por ello que, atendiendo a la fenomenología del problema, el legislador excluyó prospectivamente estos delitos contra menores de edad de las reglas usuales en materia de prescripción a través de la sanción de las leyes 26.705 y 27.206. Sin embargo, estas normas, dada la fecha de su sanción, no resultan aplicables a la causa en atención al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa".También en la sentencia, a la que tuvo acceso LA NACION, se explicó que "el artículo 62 inciso 2° del Código Penal prevé el lapso de 12 años como límite máximo para la prescripción de la acción de los delitos por los que se condenó al recurrente. Ilarraz ha sido sometido a proceso y condenado por hechos presuntamente ocurridos entre 1988 y 1992, es decir, más de 19 años antes de la presentación de la denuncia penal y 32 años antes del dictado de la presente sentencia. Por lo tanto, de acuerdo con la norma legal aplicable, ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente que la acción penal en su contra está prescripta â??cuanto menosâ?? desde el año 2005."Además, se afirmó: "Los hechos que encuadran dentro de la categoría de los delitos de lesa humanidad son de una naturaleza radicalmente distinta de la que revisten los aquí denunciados, lo que descarta cualquier posibilidad de equipararlos con aquellos por los cuales ha sido condenado el recurrente". La palabra de una de las víctimasComo se dijo, Ilarraz era prefecto de disciplina a cargo de los menores de primero y segundo año. En el Seminario Arquidiocesano de Paraná había un promedio de 18 seminaristas por curso. Dentro del instituto también ejercía el rol de profesor, confesor y director espiritual.Trabajó a su vez como chofer del arzobispo y después se encargó de administrar las finanzas del seminario. Ilarraz tenía también a su cargo la tarea de recorrer los pueblos y las ciudades buscando candidatos para ingresar como seminaristas en 7° grado.Después de la denuncia, las víctimas desconocieron por un tiempo el paradero de Ilarraz. Con los años reconstruyeron que fue trasladado a una parroquia en Paraná y después enviado a Roma a estudiar. Más allá de la investigación en su contra, la Iglesia lo mantuvo en su función de cura. Pasados 20 años de los abusos, y luego de las investigaciones canónicas insatisfactorias, Hernán Rausch, una de las víctimas y denunciantes, volvió al arzobispado en búsqueda de respuestas. "Éramos niños. No tomábamos dimensión de la gravedad de la situación y por años me cuestioné lo que pasó. En 2010 fui a hablar con el arzobispado preguntando por qué lo mantenían como cura después de lo que hizo. Eso nomás quería saber. Fue un acto de conciencia mío de que esto no podía seguir así", dijo en su momento Rausch.
Caso del cura Ilarraz, condenado por abuso de menores: la Corte Suprema lo sobreseyó por prescripción
El ex sacerdote había recibido 25 años de prisión, acusado de abusar de siete menores en Entre Ríos. En el fallo se argumenta que los delitos habían excedido los 12 años desde que se cometieron. Leer más
Denuncian a la senadora Isabel Zuleta ante la Corte Suprema por presunta intervención a favor de alias Jordi
La acusación se relaciona con una declaración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que señaló que la congresista habría intervenido para evitar la captura de alias Jordi
Congresistas mencionados por 'Mr. Taxes' en el escándalo de la Dian respondieron ante la Corte Suprema: esto dijeron
El exsenador Roy Barreras rechazó los señalamientos de Luis Carlos Reyes sobre supuestas prácticas irregulares en la entidad tributaria, calificando las declaraciones como producto de una alteración mental y defendiendo su trayectoria pública
Jair Bolsonaro reunió en San Pablo a miles de brasileños para protestar contra su juicio ante la Corte Suprema
El exmandatario, que enfrenta la posibilidad de cárcel por presunto intento de golpe de Estado, dijo estar "listo para cambiar el destino de Brasil". Leer más
El Senado dilata el debate sobre la integración de la Corte Suprema, en sintonía con los deseos de Casa Rosada
Dialoguistas desconfían de la peronista disidente Alejandra Vigo y la acusan de cierta connivencia con el Ejecutivo. Estiman un mínimo de entre dos y tres meses más de discusión. Restan 16 expositores, aunque podrían sumarse más
Datos preocupantes: la mayoría de los brasileños siente vergüenza del presidente Lula da Silva, del Congreso y de la Corte Suprema
Según una nueva encuesta, un 56% de los ciudadanos se avergüenza del mandatario, contra un 40% que dice estar orgulloso de él.Aunque cae su popularidad, el líder del Partido de los Trabajadores no descarta volver a postularse en las elecciones de 2026.
Corte Suprema respondió al Gobierno por anuncio del ministro de Justicia de suspender la extradición de guerrilleros a EE. UU.
El tribunal aseguró que evaluará la legalidad de la suspensión de extradiciones, medida respaldada por el ministro de Justicia y criticada por la oposición, en un contexto de presión internacional y debate interno
Corte Suprema limita protección para hijos de migrantes nacidos en EEUU tras nuevo fallo
La medida afecta a muchas familias, ya que permite que ciertas órdenes del Gobierno empiecen a aplicarse en varios estados, aunque su legalidad todavía no se haya resuelto en los tribunales
Preguntas y respuestas sobre cómo impacta en la ciudadanía por nacimiento el fallo de la Corte Suprema a favor de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que fue considerado calificado como una "victoria monumental" por Donald Trump, al limitar la facultad de los jueces federales para suspender temporalmente órdenes ejecutivas del presidente. Esta decisión abre la puerta a que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país. A continuación, las preguntas clave sobre el caso.¿Cuál fue la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento y qué implica?La Corte aceptó una solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington. Estas medidas habían detenido la aplicación de una directiva presidencial que buscaba restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La decisión limita el uso de estas "medidas cautelares a nivel nacional" o "universales", una herramienta judicial que se había vuelto más frecuente para bloquear políticas presidenciales, según The New York Times.¿Cómo afecta este fallo a la ciudadanía por derecho de nacimiento?El fallo no abordó la constitucionalidad subyacente de la orden de Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero debilita las herramientas legales que la bloqueaban a nivel nacional. Esto significa que, en teoría, la administración podría implementar la política en los 28 estados que no han presentado demandas en su contra, según The Washington Post. La orden ejecutiva de Trump buscaba que las agencias federales se negaran a reconocer la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. si no tenían al menos un progenitor que fuera ciudadano o residente permanente legal.¿Qué es la ciudadanía por derecho de nacimiento y por qué es un tema de debate?La ciudadanía por derecho de nacimiento se basa en la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen". Históricamente, los tribunales han interpretado que esta enmienda extiende la ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de las fronteras de EE.UU., no solo a los hijos de antiguos esclavos. Sin embargo, Trump ha argumentado que la enmienda "trataba de la esclavitud" y no de la "estafa de nuestro proceso de inmigración", buscando eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales.¿Cómo reaccionó Donald Trump al fallo de la Corte sobre la ciudadanía por nacimiento?Trump celebró la decisión en su red Truth Social, calificándola de "victoria gigante" y afirmando que "incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado". En una conferencia de prensa, anticipó que su administración pondrá en marcha las políticas que fueron bloqueadas, incluida la de la ciudadanía por derecho de nacimiento.¿Cuál fue la postura de la jueza Sonia Sotomayor en su disidencia?La jueza Sonia Sotomayor, de origen latino, calificó la decisión de la mayoría como "una farsa del Estado de derecho". Advirtió que "ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen jurídico que crea la Corte" y que esta brecha legal golpeará sobre todo a los sectores vulnerables.Sus principales objeciones fueron:-La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. Recordó que la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, citando el fallo histórico "United States v. Wong Kim Ark (1898)".-La orden de Trump, "evidentemente inconstitucional". Calificó la orden ejecutiva como una "ilegalidad flagrante".-Las órdenes judiciales universales como instrumento de justicia: Defendió su uso para frenar la aplicación de normas inconstitucionales en todo EE.UU., no solo para los demandantes, cuando los daños afectan a múltiples personas.-Necesidad de brindar "alivio completo" a los demandantes. Argumentó que una orden limitada hubiera sido ineficaz y generado caos para familias y niños.-Amenaza al Estado de derecho. Alertó que el fallo de la mayoría deja abierta una zona de ilegalidad, permitiendo al Ejecutivo actuar contra quienes no han demandado.-El interés público por encima del Ejecutivo. Sostuvo que la equidad y el interés general exigen detener cualquier medida que perjudique a personas recién nacidas que podrían terminar sin ciudadanía.¿Qué son las medidas cautelares a nivel nacional y por qué son controvertidas?Son órdenes judiciales que bloquean temporalmente una política o regulación en todo el país mientras el litigio está en curso, si un juez considera que la acción puede ser inconstitucional o causar un daño inmediato. Su uso ha crecido significativamente, con 25 casos identificados entre enero y abril del segundo mandato de Trump, en contraste con 28 en toda la administración Biden y 86 en el primer mandato completo de Trump.Para la administración Trump, estas medidas han sido una "fuente de frustración" y han sido criticadas como "mandamientos judiciales sin ley" que convierten a los tribunales de distrito en un "poder judicial imperial". Sin embargo, sus defensores las ven como una herramienta crucial para que los tribunales "digan al actor clave a nivel nacional, el poder ejecutivo, que se comporte legalmente", según The New York Times.¿Cuáles son los próximos pasos para las impugnaciones legales?La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, lo que permite que su legalidad siga siendo impugnada. Los jueces de la Corte Suprema no abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden, dejando esa cuestión para otro momento.A pesar de la limitación de las medidas cautelares a nivel nacional, los demandantes aún tienen vías para buscar alivio:-Demandas colectivas (class-action lawsuits). La Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que los demandantes intenten seguir bloqueando la política a nivel nacional a través de estas demandas, según The Washington Post. En estas, un pequeño número de demandantes pide a un juez que emita un fallo que se aplique no solo a ellos, sino a otros que enfrentan circunstancias similares, según The New York Times.-Impugnaciones paralelas en múltiples distritos federales. Grupos de defensa legal han prometido encontrar soluciones, incluyendo estas impugnaciones, si fuera necesario.Horas después del fallo, grupos como CASA de Maryland y la American Civil Liberties Union (ACLU) ya presentaron nuevas demandas colectivas a nivel nacional buscando proteger a las personas afectadas por la política de ciudadanía, según publicó The Washington Post.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Ciudadanía por nacimiento, el fallo: quién es la jueza de origen latino de la Corte Suprema que intentó detener a Trump
En una histórica disidencia que puso en evidencia las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo, una jueza de la Corte Suprema de origen latino cuestionó con dureza el intento del presidente Donald Trump de redefinir el concepto de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Sonia Sotomayor, hija de inmigrantes puertorriqueños, expuso con fuerza los riesgos de debilitar los principios fundamentales de la Constitución frente a políticas que, según ella, podrían abrir la puerta a la ilegalidad estatal. "Es una parodia del Estado de derecho", sentenció.Sonia Sotomayor: la primera mujer latina en la Corte SupremaSonia Maria Sotomayor nació el 25 de junio de 1954 en el Bronx, Nueva York, en una familia trabajadora de origen puertorriqueño. Su madre, enfermera en una clínica de metadona, la crio sola, con énfasis en la educación. Desde muy joven, manifestó su deseo de convertirse en jueza, inspirado por una escena de la serie "Perry Mason", según recopilaron en el sitio Biography.Su formación académica consolidó ese anhelo. Se graduó con honores de Princeton en 1976 y recibió el prestigioso premio Pyne Prize. Luego cursó Derecho en Yale, donde fue editora del Yale Law Journal. Tras obtener su título en 1979, comenzó a trabajar como fiscal en el distrito de Manhattan, ocupándose de casos de asalto, asesinato, abuso infantil y brutalidad policial.A lo largo de su carrera, cosechó múltiples distinciones:En 1992, fue nominada por George H.W. Bush como jueza del tribunal federal del distrito sur de Nueva York.En 1998, fue ascendida a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito por el presidente Bill Clinton.En 2009, el presidente Barack Obama la designó para la Corte Suprema, siendo la primera mujer hispana y la primera mujer de color en alcanzar ese cargo.En su paso por los tribunales, participó en más de 3000 apelaciones y redactó casi 400 opiniones mayoritarias. Según The New York Times, es reconocida por hacer preguntas incisivas y por su rigor.La voz disidente frente al intento de anular la ciudadanía por nacimientoEn una resolución judicial vinculada a una Orden Ejecutiva impulsada por Donald Trump, que buscaba restringir la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense, la jueza Sotomayor presentó una disidencia contundente. Argumentó que la propuesta era abiertamente inconstitucional y que el fallo de la mayoría colocaba al país norteamericano en una peligrosa senda de desprotección jurídica.Sus objeciones, que aparecen en el fallo, principales fueron las siguientes:La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda: Sotomayor recordó que la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense y que esa protección tiene raíces claras en el derecho consuetudinario inglés (jus soli). Mencionó el fallo histórico United States v. Wong Kim Ark (1898), que reafirmó esa interpretación y aclaró que solo se exceptúan los hijos de diplomáticos, fuerzas de ocupación enemiga y miembros de tribus soberanas.La orden de Trump, "evidentemente inconstitucional": la jueza calificó como flagrante la ilegalidad de la orden ejecutiva que pretendía excluir del derecho de ciudadanía a recién nacidos. Afirmó que, por más que el Gobierno quiera imponerla, no puede alegar perjuicio cuando la justicia le ordena ceñirse a lo que marca la ley. "Es difícil ver cómo podría causar algún daño hacer lo que la Constitución exige", escribió.Las órdenes judiciales universales como instrumento de justicia: Sotomayor defendió el uso de órdenes judiciales universales que frenan la aplicación de normas inconstitucionales en todo Estados Unidos, no solo para los demandantes. Señaló que históricamente los tribunales han recurrido a remedios amplios cuando los daños afectan a múltiples personas, y mencionó precedentes como Pierce v. Society of Sisters y Barnette para apoyar su postura.Necesidad de brindar "alivio completo" a los demandantes: para organizaciones y estados que promovieron la demanda, una orden limitada hubiese sido ineficaz. En sus palabras, dejar vigente la orden ejecutiva hubiese generado caos para familias y niños recién nacidos, y hubiese obligado a los estados a asumir cargas administrativas y económicas significativas.Amenaza al Estado de derecho: lo más grave, según Sotomayor, es que el fallo de la mayoría deja abierta una zona de ilegalidad. "Permite al Ejecutivo actuar contra quienes no han demandado, ignorando la Constitución", alertó. Advirtió que esta brecha golpeará sobre todo a los sectores vulnerables â??los pobres, los sin educación, los invisiblesâ?? que no tienen medios para litigar.El interés público por encima del Ejecutivo: la jueza también argumentó que la equidad y el interés general exigen detener cualquier medida que, como esta, perjudique a personas recién nacidas que podrían terminar sin ciudadanía, sin documentos, sin servicios públicos y hasta en riesgo de ser deportadas.
Donald Trump calificó de "victoria gigantesca" el fallo de la Corte Suprema que limita el poder de los jueces
El presidente de Estados Unidos reaccionó a la decisión del máximo tribunal del país
La Corte Suprema de EE.UU. limita el poder de los jueces para desafiar las medidas de Trump en su fallo sobre la ciudadanía por nacimiento
WASHINGTON.- En una decisión tomada como un triunfo para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos para restringir la inmigración, la Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes permitir que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras los desafíos legales a la constitucionalidad de la medida proceden en otras regiones.La decisión de seis votos contra tres, redactada por la jueza Amy Coney Barrett y dividida en líneas ideológicas, aceptó una solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de tres medidas cautelares a nivel nacional emitidas por jueces federales en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington que detuvieron la aplicación de su directiva mientras se desarrollaban los litigios que desafían la política del presidente.GIANT WIN in the United States Supreme Court! Even the Birthright Citizenship Hoax has been, indirectly, hit hard. It had to do with the babies of slaves (same year!), not the SCAMMING of our Immigration process. Congratulations to Attorney General Pam Bondi, Solicitor Generalâ?¦— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 27, 2025Esta es una importante victoria judicial para Trump y puede permitir que se modifique, aunque sea temporalmente, la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos. El presidente lo celebró en su red Truth Social. "Victoria gigante", escribió. "Incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado. Tuvo que ver con los bebés de esclavos (¡el mismo año!), no con la estafa de nuestro proceso de inmigración", añadió en el posteo. Anunció que dará una conferencia de prensa a las 11.30 (hora local) en la Casa Blanca.La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, señalaron los jueces en su dictamen, lo que permitirá que su legalidad siga siendo impugnada. Los magistrados de la Corte tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, dejando potencialmente esa cuestión para otro momento.La orden ejecutiva de Trump para poner fin a la garantía de ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y algunos residentes extranjeros temporales fue una de las medidas más polémicas del inicio de su segundo mandato, el 20 de enero pasado.El decreto ordenaba a las agencias federales que se negaran a reconocer la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos que no tuvieran al menos un progenitor que fuera ciudadano norteamericano o residente permanente legal.La administración Trump había pedido a los jueces que redujeran las medidas cautelares a nivel nacional para que se apliquen solo a las mujeres embarazadas, los grupos de defensa de los inmigrantes o los estados que desafiaron la prohibición, lo que los opositores al presidente afirmaron que entraba en conflicto con la Constitución, las sentencias judiciales anteriores y la propia historia del país.Desde que Trump la firmó, la orden ejecutiva enfrentó rápidamente desafíos legales en cortes de todo el país. Jueces de distrito de los estados de Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia del decreto, por lo que el caso pasó a ser clave la agenda de la Casa Blanca. En esos estados, las demandas presentadas sostuvieron que el presidente no tenía la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva.La Corte había anunciado en abril pasado que estudiaría la congelación a escala nacional de la orden ejecutiva de Trump, lo que en ese momento generó una respuesta del presidente sobre la que había sido una de sus promesas de campaña. Trump afirmó que estaba "muy contento" de que los jueces se ocuparan de la cuestión de la ciudadanía porque había sido "muy malinterpretada". Sostuvo que la 14ta Enmienda -que se consideró que concedía la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos- en realidad "trataba de la esclavitud"."No se trata de que lleguen turistas y toquen un poco de arena y de repente haya ciudadanía", dijo Trump. "Todo se trata de la esclavitud", agregó.Durante muchos años, jueces y expertos en derecho constitucional en Estados Unidos han coincidido en que, aunque la 14ta Enmienda se añadió a la Carta Magna después de la Guerra Civil (1861-1865), no se trata en su totalidad, de hecho, sobre la esclavitud. Por el contrario, los tribunales han sostenido que la enmienda ampliaba la ciudadanía no solo a los hijos de antiguos esclavos, sino también a los bebés nacidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.Ahora, el fallo dividido de la Corte limita el uso de medidas cautelares a nivel nacional, una maniobra judicial que creció durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.Un informe del Servicio de Investigación del Congreso identificó 25 casos entre el 20 de enero y el 29 de abril en los que un juez de distrito emitió una orden judicial a nivel nacional. Esos incluyen casos sobre temas que van desde la financiación federal hasta la diversidad, la equidad y las consideraciones de inclusión a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el tema en cuestión en la opinión de la Corte de este viernes que restringe su uso.Ese número contrasta con los 28 casos de medidas cautelares a nivel nacional que el Servicio de Investigación del Congreso identificó de la administración del expresidente Joe Biden y los 86 de todo primer mandato de cuatro años de Trump."Hoy, el Tribunal Supremo ordenó a los tribunales de distrito que detengan el interminable aluvión de medidas cautelares a nivel nacional contra el presidente", celebró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un posteo en X poco después de conocerse el fallo.Today, the Supreme Court instructed district courts to STOP the endless barrage of nationwide injunctions against President Trump. This would not have been possible without tireless work from our excellent lawyers @TheJusticeDept and our Solicitor General John Sauer. Thisâ?¦— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) June 27, 2025Bondi señaló que el Departamento de Justicia "continuará defendiendo celosamente las políticas de Trump y su autoridad para implementarlas". Las medidas cautelares universales han sido una fuente de frustración para la administración Trump en medio de un aluvión de desafíos legales a sus prioridades en torno a la inmigración y otras promesas de campaña.Por otra parte, la Corte preservó este viernes un elemento clave de la Ley de Asistencia Asequible -popularmente conocida como Obamacare- que ayuda a garantizar que las aseguradoras de salud cubran la atención preventiva, como las pruebas de detección del cáncer, sin costo alguno para los pacientes.
Ganó Donald Trump: qué significa la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que impacta en ciudadanía por nacimiento
Este viernes 27 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre un tema que impacta a una de las causas más sensibles y polémicas del último tiempo: el intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento, una práctica que durante más de un siglo garantizó la nacionalidad estadounidense de cualquier persona nacida en el país norteamericano. El tribunal, en un fallo dividido (6-3), dictaminó que los tribunales federales no tendrán a futuro autoridad para dictar medidas cautelares, pero dejó el fondo de las restricciones en suspenso. Qué se decidió este viernes en la Corte Suprema y por qué es tan importanteLa Corte Suprema cierra este viernes su período de sesiones con seis causas pendientes. Entre ellas, la que busca restringir la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. Aunque el caso llegó a los jueces como una solicitud de emergencia, la expectativa era máxima debido a las posibles implicancias constitucionales, migratorias y sociales del fallo. La mayoría de los jueces se pronunciaron en contra de los atributos de los tribunales federales, según informó The Washington Post."Los mandatos universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales", se lee en la decisión.La administración Trump presentó en marzo una serie de solicitudes ante la Corte para eliminar los bloqueos judiciales emitidos por tribunales federales de Maryland, Washington y Massachusetts, que frenaron la entrada en vigor de su orden ejecutiva. La medida presidencial, firmada el 20 de enero de 2025 â??el mismo día en que Trump comenzó su segundo mandatoâ??, ordenó a las agencias federales desconocer la ciudadanía de bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres no fueran ciudadanos ni residentes permanentes legales.Pese a que se anticipó que los jueces no necesariamente emitirían hoy un fallo sobre la constitucionalidad del decreto y que podrían limitarse a responder si los jueces federales tienen autoridad para imponer medidas cautelares a nivel nacional, según explicaron desde Politico, la sentencia se efectuó.Esa figura legal, conocida como universal injunction (medida cautelar), fue utilizada repetidamente para frenar decisiones presidenciales de alto impacto. Una resolución contra su validez podría debilitar los contrapesos sobre el Poder Ejecutivo.La Corte podía optar por:Rechazar la solicitud del gobierno de manera escueta, sin argumentar su decisión, y mantener la orden de Trump bloqueada.Aceptar la petición de forma parcial, al permitir la entrada en vigor del decreto mientras el caso se analiza en profundidad.Postergar una resolución definitiva hasta el nuevo período de sesiones, a partir de octubre, cuando podrían tratar el fondo de la cuestión.Qué dice la Constitución: por qué Trump desafió el derecho de ciudadanía El intento de Trump de modificar quiénes tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento generó un debate jurídico y político profundo sobre el alcance de la Enmienda 14, adoptada en 1868 luego de la Guerra Civil, que abolió la esclavitud y garantizó la igualdad de derechos.Esta enmienda establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado donde residan". Durante más de 125 años, esa cláusula se interpretó como una garantía de ciudadanía automática para cualquiera nacido en suelo estadounidense, incluso si sus padres eran inmigrantes sin estatus legal.En el caso United States v. Wong Kim Ark, decidido en 1898, la Corte Suprema dictaminó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos â??que no eran ciudadanos, pero residían legalmente en el país norteamericanoâ?? tenía derecho a la ciudadanía. Ese fallo sirvió desde entonces como base para aplicar el principio de jus soli.No obstante, el gobierno de Trump argumentó que esa interpretación fue errónea o, al menos, limitada. Sostuvo que la ciudadanía no debería aplicarse a hijos de extranjeros con estadías temporales (como turistas, estudiantes o trabajadores con visas) ni mucho menos a hijos de inmigrantes indocumentados. Durante las audiencias orales del 15 de mayo, el procurador general D. John Sauer dijo que la intención original de la Enmienda 14 era "garantizar la ciudadanía a los hijos de exesclavos, no a extranjeros en situación irregular o de paso".La orden ejecutiva firmada por Trump afectaría a más de 150 mil nacimientos al año, según cálculos presentados por los demandantes, entre los que se encuentran fiscales generales demócratas de 22 estados, organizaciones de defensa de migrantes y personas embarazadas residentes. Todos alegaron que la medida viola derechos constitucionales fundamentales.La administración Trump también aprovechó el caso para cuestionar el uso de universal injunctions, al afirmar que los jueces federales no deberían poder bloquear una orden presidencial de manera generalizada, sino solo en relación con los demandantes específicos del caso.
La Corte Suprema de EEUU limitó el poder de los jueces para bloquear las decisiones de Trump
El máximo tribunal redefine los límites del poder judicial en la aplicación de medidas cautelares amplias, abriendo un nuevo escenario para la resolución de disputas sobre políticas nacionales
Petro notificó a la Corte Suprema sobre su viaje a Francia y España del 27 de junio al 3 de julio: qué hará y quién queda a cargo
El Ministro de Salud quedará con funciones constitucionales y legales como delegado mientras es el fin de su trayecto
Gil Lavedra rechazó la ampliación de la Corte Suprema "por la falta de confianza en la justicia"
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal consideró "inconveniente en este momento de la Argentina cambiar el número de miembros". Leer más
Para el jefe de seguridad de la Corte Suprema, el ladrón fue directamente a la camioneta de Rosatti
En la segunda audiencia del debate, donde se juzga al delincuente que intentó robar la camioneta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el director de seguridad del máximo tribunal, comisario Roberto Varela, afirmó que el ladrón se dirigió directamente al vehículo asignado a Horacio Rosatti.Así lo declaró el comisario bajo juramento de decir la verdad cuando testificó ante el juez Néstor Costabel, magistrado que integra el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°2 y que está a cargo del juicio en el que se juzga por el delito de "robo en grado de tentativa, agravado por tratarse de un vehículo que se hallaba en la vía pública" a Damián Berruet, el sindicado delincuente."En horas de la tarde del 30 de mayo del 2024, una persona intentó abrir la camioneta que tiene asignada el presidente de la Corte, doctor Rosatti. Este hecho fue advertido por un suboficial, que le dio la voz de alto. El suboficial Cristian Ferreiros advirtió que esa persona tenía un destornillador en la mano, intentando abrir la cerradura de la camioneta. La persona se dio a la fuga, y se lo pudo detener a unas cuadras del Palacio de Justicia", sostuvo el jefe policial, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales.El comisario Varela agregó: "Venía caminando de la vereda de enfrente. Cruzó y se paró a un costado de la camioneta. Claramente, se dirigió a ese vehículo". Entonces, el fiscal general Diego Luciani, quien junto a la auxiliar fiscal María de las Mercedes Galli, está a cargo de la acusación, le preguntó al testigo: "¿Le pareció que esa persona se había dirigido especialmente a esa camioneta?". La respuesta no dejó dudas y fue concisa: "Sí".El director de seguridad de la Corte Suprema recordó que el delincuente al ser detenido "tenía dos destornilladores, un handy, una mochila y alguna otra cosa que no recuerdo. Uno de los destornilladores tenía una forma de T que es claramente para tratar de violentar una cerradura".El debate, en el que Berruet, de ser encontrado culpable, podría recibir una pena máxima seis años y ocho meses de prisión, comenzó anteayer con la declaración del imputado. El acusado confesó el intento de robo y sostuvo que quiso ver si dentro del vehículo había un teléfono o una computadora para sustraer.Durante la declaración del acusado, el fiscal Luciani le preguntó por qué miró la patente de la camioneta y por qué eligió ese vehículo. Berruet respondió que quiso ver si había una computadora o un teléfono para sustraer. Para la Fiscalía, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales, detrás del intento de robo hubo un "autor intelectual".Varela, según las fuentes consultadas, también reveló que no había sido la primera vez que intentaron acceder a material de Rosatti. Según dijo, hubo un episodio de las mismas características en 2023, en pleno trámite de un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, y los ladrones lograron llevarse un bolso del interior del auto. El bolso robado no pertenecía al juez, sino a su chofer y contenía elementos personales.El casoSegún el requerimiento de elevación a juicio, presentado por el fiscal federal Franco Picardi, el intento de robo ocurrió el 30 de mayo del año pasado cerca de las 13.40.El ladrón fue descubierto cuando un suboficial auxiliar de la División Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaba los espacios de estacionamiento asignados al Máximo Tribunal, sobre la calle Uruguay al 500, vio maniobras sospechosas sobre uno de los vehículos.El uniformado se acercó a Berruet y vio que, en sus manos, tenía un elemento punzante con el que intentaba forzar la cerradura de una camioneta Toyota Hilux SW4 blanca de la Corte Suprema asignada a Rosatti.El suboficial auxiliar intentó reducir al sospechoso, pero Berruet logró escapar después de amenazar al uniformado. Pero, finalmente, fue atrapado por dos oficiales en bicicleta de la División Operaciones Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Lavalle y Paraná.El delincuente se presentó con una identidad falsa. Se le secuestró un equipo de comunicación tipo handy -adaptado para funcionar como inhibidor de señal-, un destornillador de aproximadamente 30 centímetros y una llave tipo Allen con uno de sus extremos limado en forma de punta."La secuencia de los hechos quedó registrada en videos de distintas cámaras de seguridad de la zona, que constituyen prueba clave para la fiscalía. Una vez en la comisaría, se determinó la identidad de Berruet, quien contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad y resistencia a la autoridad", según www.fiscales.gob.ar.Una investigación de detectives del Departamento de Delitos Fiscales de la PFA, determinó que poco antes de intentar robar la camioneta asignada a Rosatti, el ladrón quiso sustraer un vehículo utilitario, que llegó a abrir, pero escapó cuando el propietario se acercaba."Se estableció que Berruet, oriundo de la provincia de Córdoba, se alojaba junto a un grupo de entre ocho y doce personas en tres habitaciones del Hotel Nuevo Camino, situado en Bartolomé Mitre al 1900, en Balvanera. El 13 de junio de 2024 se allanaron tres cuartos del establecimiento, donde se secuestraron una gran cantidad de dinero en efectivo -tanto dólares como pesos-, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares, bienes personales varios y un boleto de ómnibus con destino a la provincia de Córdoba", se agregó en el citado sitio de noticias.Según la investigación, desde hacía dos meses, los integrantes de la banda viajaban a la ciudad de Buenos Aires para cometer diferentes robos. Llegaban los miércoles y se quedaban hasta los viernes."Berruet formaba parte de un grupo dedicado a cometer robos y hurtos sin mucha complejidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que elegían a sus víctimas de manera aleatoria, en virtud de las oportunidades o vulnerabilidades que se les presentaban", sostuvo el fiscal Picardi en el requerimiento de elevación a juicio.
La Corte Suprema abrió investigación contra el senador del Centro Democrático José Vicente Carreño: esta es la razón
El alto tribunal inició un proceso en contra del congresista, tras la denuncia del general de la Policía Nacional Nicolás Zapata
El Senado reanudó el debate para reformar la Corte Suprema: los expertos sugirieron equidad de género y perspectiva federal
Tras el fallido intento del Gobierno de completar la integración de la Corte Suprema en abril pasado, el Senado reanudó hoy el tratamiento de los proyectos que proponen ampliar el número de jueces del máximo tribunal. En esta oportunidad fueron invitados cinco expertos en la materia que, de manera unánime, coincidieron en que la futura integración de la Corte debería contemplar criterios de equidad de género y una perspectiva federal. El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales: allí expusieron María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Alberto García Lema, convencional constituyente, y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La discusión se circunscribió a los aspectos jurídicos que implicaría la eventual ampliación de los miembros del máximo tribunal; los senadores deliberadamente evitaron dar la discusión política sobre el tema a la espera de que maduren las negociaciones entre el Gobierno y los bloques de la oposición. Por ahora la Casa Rosada se muestra esquiva y evitó pronunciarse sobre la conveniencia o no de incrementar el número de jueces de la Corte, que hoy funciona actualmente con solo tres de sus cinco integrantes. En el Senado avanza la idea de que se amplíe a siete o nueve miembros. Así lo anticipó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, del peronismo federal, al cierre del encuentro. "Queremos contar con la participación del Poder Ejecutivo, insisto con esto, porque es el que propone a los candidatos a integrar la Corte", señaló."Esperamos arribar a un pronto dictamen, aunque sabemos que es difícil en este año electoral", añadió.El oficialismo, empero, dilata las definiciones a la espera del recambio parlamentario del 10 de diciembre. Los libertarios aspiran a robustecer su representación en el Senado y ganar margen de maniobra en una negociación que, admiten, es compleja. ExposicionesEn el arranque de las exposiciones, María Esther Cafure de Battistelli insistió en que la futura integración de la Corte Suprema contemple la paridad de género."¿Por qué no las mujeres en forma igualitaria en la Corte Suprema de Justicia? Si en todos los tribunales del interior del país tenemos mujeres integrando los tribunales superiores. Por supuesto que no es paritaria, pero la intervención paritaria es hoy una obligación: ya la tiene el Poder Legislativo", sostuvo la jurista, quien rechazó la propuesta de introducir un cupo femenino en el máximo tribunal. "El cupo ya está superado. Sería un paso atrás", enfatizó. A su turno, el constitucionalista Gil Domínguez coincidió en que una ley de ampliación de los miembros de la Corte debería incluir la "paridad de géneros" como así también una perspectiva federal, aunque insistió en que la norma por aprobarse no debería limitarse a esta cuestión sino que debería apuntar a una reestructuración integral del funcionamiento del máximo tribunal. "Este tema (de la ampliación de miembros de la Corte) que es muy importante, pero si se trata de forma aislada, será un pequeño paso y no va a generar una reorganización eficaz del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia", advirtió.A juicio de Gil Domínguez, la Corte Suprema debería oscilar entre nueve, once o trece integrantes. "De esta manera, hay ciertas variables que por una cuestión de proporcionalidad aritmética tendrían más relevancia que si mantenemos esta Corte de cinco", indicó.Gil Lavedra, por su parte, planteó sus reparos. "Yo veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros y a la vez estoy plenamente de acuerdo respecto al género y respecto también a la perspectiva federal. ¿Por qué creo que en este momento esto no sería conveniente? Porque la Argentina, como todos sabemos, padece de una muy baja institucionalidad, y respecto de la Justicia, de una crisis de confianza. Si se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde intereses políticos, se va a agudizar esa desconfianza", indicó. A su turno, García Lema introdujo la cuestión de la eficacia en la labor de la Corte. "El concepto de eficacia en la prestación del servicio de justicia debe ser tenido en cuenta para la determinación del número de miembros de la Corte Suprema. Si es un número excesivo, el concepto de eficacia se ve agravado", advirtió el convencional constituyente quien, al igual que Gil Lavedra, cuestionó los proyectos que proponen ampliar la Corte para dividirla en salas. "La Corte Suprema tiene en sus manos determinar la constitucionalidad de las normas. Si estuviera dividida en salas, podría haber eventualmente contradicción en sus sentencias", sostuvo, y coincidió en que la futura integración debería contemplar la cuestión federal como la de género."Una Corte de siete o de nueve miembros puede tener una representación regional que equilibre, como lo dicen las normas, las diferentes necesidades de nuestro territorio si a las provincias se las agrupara por regiones", sugirió.
Florida contraataca: el reclamo a la Corte Suprema que impacta a estos migrantes
Florida presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Estados Unidos para aplicar una ley "antimigrantes" impulsada por Ron DeSantis que fue suspendida por orden judicial. En específico, el fiscal general James Uthmeier pidió levantar la inhibición vigente, en un intento por retomar los operativos contra inmigrantes indocumentados que ingresen en el Estado del Sol.Florida exige aplicar su ley contra inmigrantes indocumentadosSegún informó Político, James Uthmeier apeló ante la Corte Suprema para revertir el fallo de la jueza federal Kathleen Williams. La magistrada había suspendido en abril la aplicación de la ley SB 4-C, que penaliza como delito menor el ingreso de personas sin papeles a Florida.El fiscal general Uthmeier sostiene que la decisión de Williams daña la capacidad del estado para proteger a sus ciudadanos. En la apelación presentada este lunes, denunció un "daño irreparable" por la vigencia de la medida cautelar.Los argumentos de Florida para defender la Ley SB 4-C contra inmigrantes ilegalesLa norma impugnada penaliza el ingreso de personas sin papeles al estado de Florida. La legislación convierte en delito el hecho de que una persona que ya reside sin estatus legal en otro estado ingrese a Florida. Además, permite a las fuerzas del orden detener a individuos bajo sospecha de haber violado esa disposición migratoria.Uthmeier alega que la regulación busca frenar el avance del narcotráfico y los costos sociales vinculados a la migración ilegal. En el texto judicial, el fiscal aseguró que el Estado del Sol sufre las consecuencias de "la epidemia" migratoria. En ese sentido, citó los gastos del presupuesto estatal y las muertes por sobredosis de fentanilo como efectos directos del cruce fronterizo."Los floridanos siguen sintiendo los efectos de la inmigración ilegal, con todo el daño que esa epidemia trae consigo", afirmó Uthmeier, que enfatizó que la Corte Suprema deberá definir si los estados tienen derecho a protegerse de esos impactos.James Uthmeier, declarado en desacato: su respaldo a Donald TrumpLa jueza Williams declaró a Uthmeier en desacato civil por desobedecer su fallo. En específico, lo acusó de emitir comentarios y cartas que violaban la orden judicial. También le ordenó reportar si existieron arrestos vinculados a la ley migratoria durante ese tiempo en que no acató la decisión.Por su parte, Uthmeier minimizó la situación y reivindicó su postura en redes sociales: "Si estar en desacato es el precio por defender la ley y respaldar la agenda migratoria del presidente Donald Trump, que así sea".La Corte Suprema evaluará el pedido de FloridaEl reclamo fue derivado al juez Clarence Thomas, responsable de los casos del 11º Circuito, que incluye a Florida. La Corte de Apelaciones de ese distrito había rechazado previamente el pedido de Uthmeier de suspender la cautelar.Los jueces de apelación consideraron que la ley estatal no sería decisiva para reducir los impactos de la inmigración. Por eso, denegaron el planteo de urgencia presentado por el fiscal general.La ley había sido impugnada previamente por la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association. Asimismo, dos inmigrantes indocumentados también presentaron el reclamo contra la regulación impulsada por el gobierno local.
Jennifer Pedraza y Armando Benedetti llegaron a una conciliación en la Corte Suprema: "Hay que bajar el tono"
El proceso se debe a unas declaraciones de la representante a la Cámara por Bogotá en la que había manifestado que el funcionario estaría detrás de unos sobornos
La Corte Suprema falló a favor de reanudar las deportaciones a países que no sean los de origen del migrante
El máximo tribunal de Estados Unidos avaló la política migratoria del gobierno, permitiendo traslados a naciones como Sudán del Sur, incluso sin notificar al migrante
Avanza en el Senado la discusión técnica para reformar la Corte Suprema, aunque sigue frenada la negociación política
El Senado retomará este miércoles a las 11 el debate sobre la reforma de la Corte Suprema, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Aunque el análisis técnico avanza, la pulseada política continúa estancada. El oficialismo dilata las negociaciones con la oposición para después de las elecciones, cuando espera fortalecer su peso parlamentario.Actualmente hay ocho proyectos en discusión. Las propuestas de ampliación del máximo tribunal oscilan entre siete y quince miembros, con la opción intermedia de nueve jueces como alternativa posible. La mayoría de las iniciativas incorpora criterios de equidad de género para garantizar un piso de representación femenina, y también sugiere una integración federal, con miembros provenientes de distintas regiones del país.El plenario de este miércoles contará con la exposición de María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y Alberto García Lema, convencional constituyente. Según anticiparon fuentes parlamentarias a LA NACION, será una discusión centrada en aspectos jurídicos, mientras la verdadera negociación de poder permanece bloqueada."Deberíamos esperar", admite un referente legislativo de La Libertad Avanza (LLA) sobre las chances de alcanzar un entendimiento. El cronograma electoral retrasa cualquier acuerdo con el kirchnerismo, fuerza que mantiene poder de veto en el Senado y, a su vez, constituye el principal adversario de los libertarios en las urnas. Tampoco resulta indiferente el hecho de que la Corte en debate es la misma que confirmó la condena de prisión domiciliaria para Cristina Kirchner.El Gobierno prevé retomar la discusión tras el recambio parlamentario del 10 de diciembre. Los libertarios aspiran a robustecer su representación en el Senado y ganar margen de maniobra en una negociación áspera. En ese eventual nuevo escenario también podrían incluirse otras vacantes judiciales -como la del Procurador General y varios jueces federales-, así como una posible ampliación de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde hoy hay seis lugares vacantes sobre siete.Dentro del peronismo, las diferencias internas complejizan aún más el escenario. Aunque el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, mantiene una línea formal de conducción, conviven diversas tribus políticas. Entre ellas, el senador Eduardo "Wado" de Pedro, uno de los principales operadores judiciales del kirchnerismo, junto a su hermano Gerónimo Ustarroz y el ministro bonaerense Juan Martín Mena. Los gobernadores peronistas también buscan conservar protagonismo en una discusión que podría condicionar su futuro político.La Corte Suprema funciona actualmente con solo tres de sus cinco integrantes. El intento de Javier Milei de completar el tribunal con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla fracasó por falta de acuerdos. Con 34 senadores, el kirchnerismo mantiene un rol clave en la discusión, que requiere una mayoría especial de dos tercios (48 votos) para aprobar las designaciones.El principal reproche de UP al Gobierno fue su falta de voluntad para construir un acuerdo amplio, a pesar del peso decisivo que conserva el bloque en el Senado. La oposición exigía ampliar la negociación e incluir todas las vacantes judiciales en un paquete integral, pero el oficialismo se mostró renuente y la discusión se empantanó.Solo después de ese traspié en el recinto, los libertarios aceptaron habilitar una nueva discusión sobre el eventual rediseño del máximo tribunal. En diálogo con el oficialismo, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) es quien motoriza el tema, con un proyecto propio que propone ampliar la Corte a siete miembros.
La Corte Suprema de EEUU tratará el caso de un rastafari al que le cortaron el pelo por la fuerza en la cárcel
Landor, que llevaba casi dos décadas dejándose crecer el cabello, cumplía en 2020 las tres últimas semanas de una condena de cinco meses por posesión de drogas cuando le cortaron el cabello.
Empezó el juicio contra un cordobés que intentó robar la camioneta del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti
Damián Berruet fue detenido in fraganti mientras intentaba abrir el vehículo oficial que estaba estacionado frente al Palacio de Tribunales. Sospechan que integraba una banda que viajaba semanalmente a Buenos Aires para cometer ilícitos
Comienzan a juzgar al ladrón que intentó robarle la camioneta al presidente de la Corte Suprema
Hace poco más de un año fue detenido, acusado de intentar robar, desde la puerta del edificio de Tribunales, la camioneta del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Hoy comienza a ser juzgado y de ser encontrado culpable, Damián Berruet podría recibir una pena máxima de seis años y ocho meses de prisión.El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) porteño N°2 y el Ministerio Público estará representado por el fiscal Diego Luciani y auxiliar fiscal María de las Mercedes Galli, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.Berruet será juzgado por "robo en grado de tentativa, agravado por tratarse de un vehículo que se hallaba en la vía pública".Según el requerimiento de elevación a juicio, presentado por el fiscal federal Franco Picardi, el intento de robo ocurrió el 30 de mayo del año pasado cerca de las 13.40. El ladrón fue descubierto cuando un suboficial auxiliar de la División Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Policía Federal Argentina (PFA) que custodiaba los espacios de estacionamiento asignados al máximo tribunal, sobre la calle Uruguay al 500, vio maniobras sospechosas sobre uno de los vehículos.El uniformado se acercó a Berruet y vio que, en sus manos, tenía un elemento punzante con el que intentaba forzar la cerradura de una camioneta Toyota Hilux SW4 blanca de la Corte Suprema asignada a Rosatti.El suboficial auxiliar intentó reducir al sospechoso, pero Berruet logró escapar después de amenazar al uniformado. Pero, finalmente, fue atrapado por dos oficiales en bicicleta de la División Operaciones Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Lavalle y Paraná. El delincuente se presentó con una identidad falsa. Se le secuestró un equipo de comunicación tipo handy -adaptado para funcionar como inhibidor de señal-, un destornillador de aproximadamente 30 centímetros y una llave tipo Allen con uno de sus extremos limados en forma de punta."La secuencia de los hechos quedó registrada en videos de distintas cámaras de seguridad de la zona, que constituyen prueba clave para la fiscalía. Una vez en la comisaría, se determinó la identidad de Berruet, quien contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad y resistencia a la autoridad", según www.fiscales.gob.ar.Según una investigación de detectives del Departamento de Delitos Fiscales de la PFA, se determinó que poco antes de intentar robar la camioneta asignada a Rosatti, el ladrón quiso sustraer un vehículo utilitario, que llegó a abrir, pero escapó cuando el propietario se acercaba."Se estableció que Berruet, oriundo de la provincia de Córdoba, se alojaba junto a un grupo de entre ocho y doce personas en tres habitaciones del Hotel Nuevo Camino, situado en Bartolomé Mitre al 1900, en Balvanera. El 13 de junio de 2024 se allanaron tres cuartos del establecimiento, donde se secuestraron gran cantidad de dinero en efectivo -tanto dólares como pesos-, tarjetas de crédito y débito, teléfonos celulares, bienes personales varios y un boleto de ómnibus con destino a la provincia de Córdoba", se agregó en el citado sitio de noticias.Según la investigación, desde hacía dos meses, los integrantes de la banda viajaban a la ciudad de Buenos Aires para cometer diferentes robos. Llegaban los miércoles y se quedaban hasta los viernes."Berruet formaba parte de un grupo dedicado a cometer robos y hurtos sin mucha complejidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que elegían a sus víctimas de manera aleatoria, en virtud de las oportunidades o vulnerabilidades que se les presentaban", sostuvo el fiscal Picardi en el requerimiento de elevación a juicio.
La Corte Suprema desestimó una queja de la defensa de Lautaro Teruel
De esta manera, el máximo tribunal nacional confirmó la condena de primera instancia a 12 años de prisión por delitos sexuales en perjuicio de dos personas.
Ampliar la Corte Suprema es una pésima idea
Los cambios abruptos en la composición del máximo tribunal arrastran antecedentes históricos de manipulación y crisis institucional
Corte Suprema mantiene investigación contra general Zapateiro por presuntos nexos con Clan del Golfo
El alto tribunal rechazó la solicitud de cierre presentada por la Fiscalía y ordenó nuevas diligencias para esclarecer si existieron vínculos entre el excomandante del Ejército y la organización criminal liderada por alias Otoniel
La Corte Suprema reactivó la causa del Correo Argentino y rechazó un pedido del Grupo Macri
El máximo tribunal desestimó un intento de remover a dos camaristas federales por supuesta falta de imparcialidad. Según los imputados, tendrían una "enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia" ellos. Leer más
La Corte Suprema rechazó una queja del grupo Macri para apartar a dos jueces
La Corte Suprema rechazó este viernes un recurso de queja de Correo Argentino S.A -manejada por la familia del expresidente Mauricio Macri- con la que se intentaba apartar a dos jueces de la Cámara Federal porteña en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo que alcanzó la firma con el gobierno de Cambiemos en 2016.La decisión del máximo tribunal se dio una semana después de haber dejado firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad.El presidente de Correo Argentino S.A, Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, ambos imputados en el expediente, recusaron a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico al sostener que ambos magistrados guardan una "enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri" y que la causa, en general, busca "poner de rodillas" al expresidente. El planteo fue primero rechazado por la Cámara de Casación con la decisión del juez Javier Carbajo, quien sostuvo que el temor de parcialidad no estaba fundado. Tras ello, Robirosa y Kleidermacher fueron en queja ante la Corte, que se expidió ayer y rechazó el planteo por no referirse a una sentencia definitiva. Unánime"El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Por ello, se desestima la presentación directa", dice la resolución firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. En el expediente también están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, y al extitular de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa, por participar ambos del acuerdo firmado en 2016, que incluía la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de una deuda que la firma acarreaba desde su estatización en 1997. El acuerdo de 2016 fue denunciado como "abusivo y ruinoso" por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, que debió revisar la propuesta de la firma que aceptó el ministerio de Comunicaciones.
Revés de la Corte Suprema en la causa del Correo Argentino contra el Grupo Macri
Rechazó un planteó que pedía apartar a los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah por "temor de parcialidad".
La Corte Suprema decidió que la denuncia de Alberto Fernández contra Fabiola Yáñez no se tramite en Comodoro Py
El máximo tribunal resolvió que la causa por la divulgación de información privada avance en la jurisdicción ordinaria. Se trata de un expediente iniciado semanas después de la acusación por lesiones y violencia de género contra el expresidente. Leer más
La Corte Suprema dejó firme la condena a 12 años de prisión de Lautaro Teruel, hijo de uno de los fundadores de Los Nocheros
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 12 años de prisión por abuso sexual de Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, uno de los miembros fundadores del grupo folclórico Los Nocheros. El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron la presentación de la defensa, que había llegado en queja, por considerarla inadmisible.Con este fallo, Teruel deberá volver a la cárcel. Desde febrero de 2023 estaba con prisión domiciliaria. Teruel fue considerado autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado en cuatro oportunidades que concurren materialmente entre sí y en forma ideal con corrupción de menores agravada por ser una de las víctimas menor de 13 años y mediar engaño.En 2021, el joven fue condenado a 12 años de prisión por el abuso de sexual agravado en perjuicio de dos víctimas. Durante el juicio, el testimonio de una de ellas resultó impactante: la joven, de entonces 19 años, relató que fue abusada por Teruel desde que ella tenía 10 años y hasta poco antes de cumplir los 13.Asimismo, afirmó que a partir de los 10 años comenzó a autolesionarse, a cortarse los brazos y piernas, y que comenzó a sufrir trastornos alimenticios: dijo que a los 13 o 14 años le diagnosticaron bulimia y anorexia. La joven también mencionó que tuvo intentos de suicidio mediante cortes profundos en los brazos y la ingesta de pastillas.En febrero de 2023, Marco Lautaro Teruel fue noticia cuando un tribunal salteño lo benefició con la prisión domiciliaria con un motivo insólito: tenía una uña encarnada. Los jueces Rodolfo Quinteros y Martín Martínez le permitieron cumplir la pena en su casa, sin custodia y sin tobillera electrónica.
La Corte Suprema rechazó el recurso de un condenado en la causa del "cotillón anti-Clarín"
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la defensa de Guillermo Cosentino, condenado por la utilización de fondos públicos para la compra de cotillón "anti-Clarín". Cosentino, exgerente general de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, fue condenado el 30 de octubre de 2017 a la pena de dos años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua por considerarlo autor del delito de peculado.En esa causa también fue condenado exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que recibió una pena de dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.La defensa de Cosentino planteó una sucesión de recursos y, entre ellos, recusó a los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que intervino en el proceso. Esta sala rechazó las recusaciones formuladas respecto de los jueces Mariano Borisnky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, de quien aceptó su inhibición. Asimismo, devolvió las actuaciones a la Sala IV de la misma Cámara para continuar el trámite del expediente.Contra ese pronunciamiento, la defensa de Cosentino interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja ante el Máximo Tribunal. La Corte, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron este cuestionamiento por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Corte Suprema de EE.UU. prohíbe el cambio de sexo en menores
Con seis votos contra tres a favor de la legislación de Tennessee, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló este miércoles una ley estatal que prohíbe el acceso de menores a tratamientos de transición de género. Así, se veta el uso de tratamientos hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de transición de género para menores de 18 años.Los alegatos del caso fueron escuchado durante una audiencia en diciembre del año pasado. En ese entonces, el Departamento de Justicia de la administración Biden apoyó la impugnación de la norma estatal bajo el argumento de que vulnera la cláusula de igualdad al negar tratamientos médicos a menores transgénero que sí se autorizan para otros.Sin embargo, el fallo fue adoptado ayer por mayoría, en medio de un marco social en el que una veintena de estados gobernados por republicanos respaldaron leyes similares. Qué dice el decreto de TrumpEn su discurso de investidura, el presidente Donald Trump sostuvo que su gobierno solo reconocería dos géneros, masculino y femenino. En tanto, la decisión del máximo tribunal estadounidense también incorpora un decreto del mandatario, que fue firmado el 28 de enero de este año. En el documento, se restringieron los procedimientos de transición de género para menores bajo los programas federales Medicaid y Medicare, así como el seguro del Departamento de Defensa. En consecuencia, los ciudadanos de menores recursos resultaron los más afectados por la medida.Según el decreto de Trump, los métodos debían terminar ya que se trataban de una práctica que "mutila y esteriliza a un número creciente de niños". Datos que arrojó el Instituto Williams de la UCLA, alrededor de 1,6 millones de personas de 13 años o más se identifican como transgénero en Estados Unidos.Reacciones a la decisión de la Corte Suprema de Estados UnidosEn los alegatos que tuvieron lugar el último mes del año pasado, el fiscal general de Tennessee, Matthew Rice, defendió la ley luego de afirmar que su objetivo es "proteger a los menores de intervenciones médicas arriesgadas y no probadas" con "consecuencias a menudo irreversibles y que alteran la vida".Al momento de la respuesta, Chase Strangio, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y uno de los primeros abogados trans en argumentar frente al máximo tribunal, explicó que la norma "eliminó el único tratamiento que alivió años de sufrimiento" para los jóvenes. Strangio aseguró que "impone una prohibición torpe, anulando el juicio cuidadoso de los padres que aman a sus hijos y de los médicos que recomendaron el tratamiento".Organismos como la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) también criticaron la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. La AAP alertó que la iniciativa representa "un precedente peligroso para la interferencia legislativa en la práctica de la medicina". La institución argumentó que los tratamientos para la transición de género son "médicamente necesarios", están apoyados por décadas de investigación, y que impedirles su acceso a los jóvenes "no solo socava su salud y seguridad, sino que les roba la dignidad humana básica".Por otro lado, la Alianza Defendiendo la Libertad, un grupo legal conservador, celebró el fallo como "una gran victoria para los niños" y un paso hacia el fin de "experimentos peligrosos" en menores.
La Corte Suprema de Estados Unidos avaló una ley que prohíbe la transición de género para menores
La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este miércoles una ley estatal que prohíbe el acceso de menores a tratamientos de transición de género. La decisión se tomó con un resultado de seis votos contra tres a favor de la legislación de Tennessee, que veta el uso de tratamientos hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de transición de género para menores de 18 años.El fallo fue adoptado por mayoría, aunque el rol de la Corte â??según su presidente, John Robertsâ?? no es "juzgar la sabiduría, la equidad o la lógica" de la ley, sino "asegurar que no viole las garantías de protección igualitaria". El caso fue analizado en una audiencia en diciembre, en la que el Departamento de Justicia de la administración Biden apoyó la impugnación de la norma estatal bajo el argumento de que vulnera la cláusula de igualdad al negar tratamientos médicos a menores transgénero que sí se autorizan para otros.La decisión se da en un contexto en el que una veintena de estados gobernados por republicanos aprobaron leyes similares, con frecuencia restringiendo o incluso eliminando el acceso a bloqueadores hormonales y otras intervenciones médicas consideradas esenciales.Reacciones al fallo de la Corte Suprema de Estados UnidosOrganismos como la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) criticaron esta iniciativa. La AAP alertó que representa "un precedente peligroso para la interferencia legislativa en la práctica de la medicina". La institución argumentó que los tratamientos para la transición de género son "médicamente necesarios", están apoyados por décadas de investigación, y que impedirles su acceso a los jóvenes "no solo socava su salud y seguridad, sino que les roba la dignidad humana básica".Por otro lado, la Alianza Defendiendo la Libertad, un grupo legal conservador, celebró el fallo como "una gran victoria para los niños" y un paso hacia el fin de "experimentos peligrosos" en menores.En los alegatos de diciembre, el fiscal general de Tennessee, Matthew Rice, defendió la ley tras afirmar que busca "proteger a los menores de intervenciones médicas arriesgadas y no probadas" con "consecuencias a menudo irreversibles y que alteran la vida".Como respuesta, Chase Strangio, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y uno de los primeros abogados trans en argumentar frente al máximo tribunal, sostuvo que la norma "eliminó el único tratamiento que alivió años de sufrimiento" para los jóvenes. Strangio afirmó que "impone una prohibición torpe, anulando el juicio cuidadoso de los padres que aman a sus hijos y de los médicos que recomendaron el tratamiento".Decreto de Trump El marco de esta decisión también incorpora un decreto del presidente Donald Trump, firmado el 28 de enero, en el que restringió los procedimientos de transición de género para menores bajo los programas federales Medicaid y Medicare, así como el seguro del Departamento de Defensa. El decreto describía esos procedimientos como una práctica que "mutila y esteriliza a un número creciente de niños", y que debía terminar. Según datos del Instituto Williams de la UCLA, alrededor de 1,6 millones de personas de 13 años o más se identifican como transgénero en Estados Unidos.Con información de AFP.
Corte Suprema de Justicia precluyó investigación contra Armando Benedetti por injuria agravada
La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal tomó la decisión tras verificar que el jefe de cartera se retractó de acusaciones que hizo contra la exfuncionaria del Icbf Lina María Arbeláez
Sergio Fajardo ganó un nuevo "round": Corte Suprema de Justicia archivó una investigación contra el precandidato presidencial
El exgobernador de Antioquia afrontaba un proceso por posible violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, por una concesión minera